Domingo 06 de julio del 2008 | 05:45
Escribe: Federico Fasano Mertens
En las últimas 20 contratapas intentamos aproximarnos a un diagnóstico de la compleja, injusta y desigual comunicación social en nuestro país. Pagamos el precio de abandonar tópicos más elegantes y entretenidos por el abordaje de un tema estratégico y esencial para la democracia pero raigalmente árido, extenuante y del cual la sociedad política y civil prefiere no ocuparse.
Lo hicimos porque creemos que el pasaje del Estado conservador, nodriza del establishment, al Estado progresista, comprometido con la democracia real, permite el diseño de una profunda reforma de la comunicación social uruguaya, hoy en manos cuasi monopólicas del pensamiento uniforme contrario al cambio social.
Nos aproximamos al diagnóstico, hora es de acercarnos ya a las propuestas que desaten el nudo. Descubrimos al gato, ahora corresponde describir el cascabel, para después analizar la correlación de fuerzas y el sujeto histórico que se lo pondrá en su erizado cuerpo.
Hemos descrito a grandes rasgos la situación y correlación de fuerzas en Medios, Estado y Sociedad, inmersas en un modelo de comunicación social, anacrónico y retardatario del avance democrático, al servicio de la enajenación.
¿Qué hacer ante la coraza del sistema, aparentemente inmodificable?.
En estas últimas décadas se plantearon múltiples propuestas maximalistas, ninguna de las cuales albergaron el marco de lo posible y lo realizable.
Estatizar los medios, propusieron unos antaño; nacionalizarlos, dijeron los menos en virtud de las máscaras que recubrían su transnacionalización; cooperativizarlos, dijeron otros; socializarlos, afirmaron al unísono en la década fecunda de los sesenta.
La política, que es una ciencia lejos de las abstracciones y que resuelve de forma muy concreta los problemas concretos, nos está diciendo que los límites de lo posible, si son rebasados sin fuerza, consolidarán aún más las estructuras de la dominación mediática.
En primer término es falsa la disyuntiva estatización o privatización.
Hasta la irrupción del Estado progresista, que aún no figura entre sus prioridades la solución del dilema, ha sido siempre el propio Estado conservador el instrumento que utilizó la clase dominante, precisamente para asegurar su dominación.
Cuando afirmamos que es imprescindible superar las “no políticas” estatales para romper la inercia que deja en manos privadas el control omnímodo de los medios, no ignoramos, la especial relación que existía entre iniciativa privada y Estado en perjuicio de todos los sectores sociales. Pero también sabemos que la historia universal está llena de ejemplos donde pululan las contradicciones entre Estado y clase dominante y que cierto grado de autonomía relativa en el aparato estatal existía también en nuestro país. Y que sobre ese grado autonómico debíamos haber trabajado, forzando la génesis de políticas nacionales de comunicación que permitieran ganar parcelas de poder informativo a los sectores sociales marginados.
Pero proponer generar políticas nacionales de comunicación no implica estatizar. Un proyecto de tal naturaleza implicaría sumar al autoengaño, la torpeza de impulsar la tentación de un autoritarismo que restringiría como siempre, todo depende de quién administra el Estado aún más las posibilidades de democratización informativa de nuestras sociedades.
La propuesta nacionalizadora tampoco resuelve el problema. En primer lugar porque en materia de medios es muy poco lo que hay que nacionalizar, salvo el contenido del mensaje. Pero en cuanto a la propiedad y el uso, es difícil encontrar un medio de comunicación, jurídicamente, en manos extranjeras.
El planteo cooperativista, si bien significa un avance frente a la situación actual, gira en torno a un eje estratégico falso: que un minúsculo grupo social, los trabajadores de la información, puedan representar a todos los sectores sociales. Las experiencias al respecto en América Latina no han sido positivas y muchas veces hemos visto como esas cooperativas han impedido todo acceso y participación a los restantes sectores sociales no representados, reproduciendo la misma trama de la dominación ejercida por el capital privado. Mattelard es claro al respecto: “La cooperativización entrega a los trabajadores de los medios, la posibilidad de escapar al control del propietario capitalista, pero debe considerarse otro elemento: el medio de comunicación de masas está destinado a formar conciencias y la cooperativización, significa entregar el poder de formación de las conciencias a un conjunto de trabajadores pero no significa la participación de todos los trabajadores en la formación de estas conciencias”.
Tampoco la oferta socializadora es viable en nuestras formaciones sociales inmersas en el sistema de producción capitalista dependiente. Sin modificar de raíz el sistema económico, político y social vigente, utópico e irrealizable es pensar que se podrán socializar los medios de comunicación. Sin cambiar el carácter de clase del Estado y sin expropiar los medios de producción, cómo es posible pensar que los trabajadores y las mayorías receptoras fueran las poseedoras y detentadoras de los medios en cuestión.
Por otra parte, nadie en su sano juicio se lo propone, aún en el Uruguay progresista de hoy.
El único camino posible y al que, pese a su carácter meramente reformista, se oponen con tenacidad inaudita los medios, es el de la “comunicación concertada”.
Se aproximan los tiempos de una estrategia de comunicación concertada, que rescatando el grado de autonomía relativa del Estado conservador o el compromiso democrático del Estado progresista, con el apoyo de una política nacional de comunicación social centrada en el receptor más que en el emisor, establezca con los medios, respetando la propiedad de sus acciones y activos, la participación y el acceso real y efectivo de todos los sectores sociales, en la elaboración, organización y administración política del mensaje comunicacional.
De esta manera, Estado, Medios y Sociedad, deberán compartir con realismo este escenario social donde, por el momento, sólo los medios actúan, ignorando los múltiples componentes del problema.
La formulación de la concertación, no implica, obviamente, aceptar que, a partir de ella, los intereses opuestos han sido compatibilizados. La lucha continuará hasta su desenlace final, que no puede ser otro, aunque pasen centurias, que todo el poder de la comunicación social pase a todos los sectores sociales, titulares exclusivos y excluyentes del bien social informativo.
De lo que se trata es de volver a movilizar a la sociedad, desmovilizada por la acción combinada de diversos factores, entre los cuales se encuentra la “neutralidad” del Estado conservador, que no ha sabido defender sus derechos originarios para actuar, o en esta nueva etapa, la juventud del Estado progresista que aún no ha puesto el tema en los primeros lugares de su orden del día.
De lo que aquí se trata es de ganar espacio y voz para la sociedad, único marginado real del proceso informativo y único sector, además, capaz de devolver al Estado nacional el vigor de su propia voluntad y la capacidad de enfrentar este problema con el que nadie puede.
Se trata de formular una alianza especial, dialéctica, contradictoria entre Estado nacional y Sociedad civil, sea quien sea el que administre nuestro Estado.
Alianza capaz de angostar la hegemonía de los medios.
Se trata de achicar a los Medios y de agrandar a la Sociedad.
Estamos hablando de empezar a construir un proyecto reformista, único posible en la coyuntura de nuestro país, capaz de pluralizar la competencia, ampliar el número de voces, multilateralizar la comunicación social, sin detrimento de nadie, pero con el acento puesto en los sectores más postergados de nuestra población. Se trata de hacer avanzar a la sociedad, con una concertación, con fundamento más en el derecho social que en el derecho administrativo, superando la caduca antinomia entre propiedad privada y pública, basada más en la democratización de las comunicaciones que en su liberalización, rescatando más el concepto de libertad para (capacidad para hacer) que el de libertad de (ausencia de restricciones) y con el objetivo táctico de intentar el equilibrio de intereses, evitando que la desigual correlación de fuerzas favorable a los medios, no cierre nuevamente todo proceso de apertura social.