En nuestra “Cosa Vostra” del último domingo abordamos la reforma de la ley de prensa, que se ha constituido en la primera intervención legislativa del Estado progresista en el área de la libertad de información. Sobre el proyecto en cuestión, presentado al Consejo de Ministros por el Ministerio de Cultura, elogiamos su espíritu y sobre todo la ruptura de la pasividad y el inmovilismo en un área tan sensible para los poderosos intereses en juego, donde se mezcla la libertad de prensa que hay que fortalecer, con la libertad de empresa que debe estar al servicio de la comunidad .
También manifesté mi desacuerdo en haber desaprovechado tanta energía y esfuerzo para parir sólo algunos aspectos necesarios pero no suficientes en este sector desamparado por la legislación, donde sigue predominando el santo y seña de la derecha mediática: “la mejor ley de prensa es la que no existe”.
El caos del aparato legal en materia de comunicación social y la tozuda y empecinada negativa de los medios de información en ordenarlo, es una de las piedras angulares de la estrategia del establishment.
Es hora que las fuerzas del cambio aborden, con prudencia y sensatez pero también con celeridad y vigor este tema que sigue siendo uno de los principales escollos al cambio profundo y democrático de la sociedad civil.
El examen de la normativa legal uruguaya sobre información desanima al más entusiasta. Más de 200 leyes, decretos y resoluciones configuran una verdadera maraña donde mueren todas las esperanzas de democratizar la información.
Normas parciales, superpuestas, contradictorias entre sí, dictadas con abuso de la técnica de la derogación tácita y con una total ausencia del esfuerzo sistematizador, nacidas al impulso de la urgencia de respuestas jurídicas meramente coyunturales están pidiendo a gritos la sanción de una gran ley nacional de comunicación social.
Sin embargo, el solo enunciado de tales intenciones, produce un coro de lamentos y rasguidos sonoros de vestiduras que sólo esconden temores que no osan exhibir sus razones reales.
En una sociedad como la nuestra, fundada en el derecho y organizada por la ley, resulta incomprensible la afirmación de que “no debe legislarse” sobre tal o cual tema. Pueden y deben discutirse los contenidos, el articulado, el espíritu, las normas generales o particulares a ser establecidas por la legislación en cada caso, pero no cabe negarse a la legislación. Semejante actitud contradice los fundamentos de nuestra organización y existencia social.
Las prevenciones proceden tanto de la derecha como de la izquierda.
La oposición de derecha la hemos analizado en notas anteriores. Temen perder el férreo control que ejercen sobre esa materia prima de primera necesidad que es la información y cuya influencia sobre el poder y la cultura es hoy más valiosa que el más valioso de los armamentos. Su oposición a la mediación estatal a través de la legislación no es en defensa de la libertad de prensa sino de una libertad de empresa que antepone el privilegio de un albedrío especialmente libre para el lucro y no para la libre difusión de las voces más postergadas de nuestra sociedad.
La izquierda también teme una legislación que erija al Estado en mediador entre órganos de difusión y la sociedad desprotegida.
La vieja raíz anarquista aún predomina y aún ahora que el Estado es administrado por la izquierda, la sospecha persiste.
Ignora también la izquierda que el Estado, aún el conservador, no es siempre necesariamente una fortaleza de la dominación o un nuevo espacio represivo distanciado de todo proyecto democratizador, portador de una lógica unívoca y antipopular. No puede existir democratización y nacionalización informativa sin una gravitante presencia del Estado democrático. Enfrentan a lo estatal bajo la idea de que su misión histórica es irreversible, unilineal, instrumento de los intereses antipopulares, sólo superable mediante su aniquilamiento. Disentimos. Seguimos creyendo que el Estado uruguayo, aún el conservador de hace décadas, por sus raíces y experiencias, es más susceptible de democratizar que los monopolios de la información. Es el único capaz de permitir que las organizaciones representativas operen sus propios medios y capaz también de trasladar el proceso de la comunicación del interés particular al interés social. Para ello, la sociedad y sus representantes deben urgirlo a sancionar una ley general de comunicación social, que organice a los receptores para que exijan sus derechos ante los medios cuyos productos culturales consumen.
De ahí el temor a legislar.
Las actividades de la información se han desarrollado y han crecido por mucho tiempo sin legislación o regulación adecuadas que orientasen ese desarrollo, encontrándonos hoy ante una situación de hecho en torno a la cual se tejen innumerables y poderosos intereses.
Han funcionado más por la vía del hecho que del derecho. Por la vía del hecho generado en forma casi omnipotente por los enormes intereses en juego. Es la existencia previa de estos intereses en juego lo que convierte en delicado el tema y no su complejidad jurídica en sí, que no es mayor a la otra gran cantidad y variedad de áreas sobre las cuales la legislación existe desde hace tiempo.
En otras palabras: ¿por qué resulta impensable un sistema comercial sin ordenamiento legal? ¿por qué no podemos concebir un sistema educativo desarrollado espontáneamente? ¿por qué tomamos con naturalidad el hecho de que las actividades industriales se atengan a una cierta normatividad? Mas en general: ¿por qué las obligaciones que derivan de cada una de las grandes libertades que establece la Constitución constituyen objeto de legislación y sin embargo se niegan sistemáticamente a que la información y la comunicación social tengan un trato equivalente?
Intereses que nunca se negaron a regular el sistema comercial del país, ni su sistema educativo, ni, obviamente el sistema industrial, se niegan ferozmente a que sea regulada la actividad informativa. Otra vez lo volvemos a repetir: el problema de la redistribución de la palabra en el Uruguay, no es un problema técnico sino político.
Es por todo ello necesario abrir una cuarta etapa legislativa que ponga orden en este caos legal que hoy nos abruma y fije las pautas de una política democratizadora de la información.
En el país existieron tres grandes etapas legales sobre la información. La primera transcurrió de 1928 a 1973. Fue un período demoliberal con fuerte acento estatista en lo jurídico formal en lo que tiene que ver con la radiodifusión. En el resto consagro la omnipotencia de los medios y desprotegió a la sociedad.
Sus ejes fueron la ley de radiodifusión de 1928 y su decreto reglamentario de 1929, el decreto de 1956 incorporando a la televisión al sistema y la ley de prensa de 1935.
La segunda etapa coincidió con el autoritarismo militar de 1973 a 1984 donde los medios y la sociedad fueron sometidos al poder estatal. Fue un período pleno de contradicciones porque el Estado para someter a los medios utilizó tácticas múltiples una de las cuales fue abrir rendijas por donde la sociedad finalmente se coló utilizando entre otras cosas el derecho de respuesta consagrado en forma eficaz, por primera vez, paradójicamente por un gobierno antidemocrático.
Sus ejes legales fueron el decreto-ley de radiodifusión de 1977 y el decreto-ley de prensa escrita de 1984.
La tercera y última etapa, de 1985 a 2004, fue la contracara de la primera y la podemos calificar como período demoliberal antibatllista, de clara subordinación de la sociedad y del propio Estado al poder de los medios. Esta etapa corrigió la “desviación” batllista de 1928, que había defendido al Estado frente a los medios aunque sólo fuera en sus aspectos formales. El período final ignoró aún más los derechos de la sociedad.
Más allá de las buenas intenciones del decreto 100 de 1985 que se obligó a
“permitir el acceso a la información a todos los sectores del país” y a “controlar el nivel cultural de los medios”, la presión privada obtuvo una modificación radical de las intenciones primigenias.
Fue así que por el decreto 350 de 1986 se suprimió la obligación del correcto nivel artístico y cultural. Fue así como se vetó el proyecto aprobado por el Parlamento que intentaba sustraer a Defensa Nacional facultades en materia de radiodifusión para entregárselas a un organismo menos cerrado como Antel.
Fue así como se propuso por proyecto del Poder Ejecutivo del 25 de setiembre de 1986 la perpetuidad de las actuales concesiones de las ondas de radio y televisión así como la eliminación de todas las anteriores condiciones de vigencia y la caducidad de la obligación de los permisionarios de no comprometer el interés público.
Fue así como también se propuso la eliminación de la sanción de la revocación de autorizaciones por causa justificada y la obligación de mantener un nivel de calidad en los programas y tiempos reservados para el Estado para transmisiones de interés general.
Fue así como en 1994 se consagró un virtual golpe de Estado comunicacional entregándole al monopolio de la televisión abierta, el monopolio de la televisión por abonados en la capital del país.
Muchas de estas propuestas no obtuvieron sanción pero marcaron en forma indeleble la vocación conservadora de la etapa blanqui-colorada, opuesta a la filosofía batllista de 1928.
La cuarta etapa legislativa que proponemos deberá superar el período liberal del ’28, la etapa autoritaria del ’73 y el retroceso neo-liberal del ’85. Estado, medios y sociedad deberán compatibilizar intereses derogándose la hegemonía de los medios, la complicidad del Estado y el desamparo de la sociedad civil.