Ante la primera intervención legislativa del Estado progresista en el área de la libertad de información
Domingo 22 de junio de 2008 | 01:51
Escribe : Federico Fasano Mertens
El Estado progresista a través del Ministerio de Cultura produjo su primera intervención legislativa en el circuito de la prensa, la radio y la televisión, al elaborar un proyecto que reforma la ley de prensa de 1989, y que en los próximos días será aprobado por el Consejo de Ministros y elevado al Parlamento nacional.
El proyecto sepulta la virtual prohibición a los periodistas de defendernos en sede penal que había perversamente consagrado el artículo 336 del Código Penal al limitar la exceptio veritatis, atenúa además la configuración del delito de desacato, elimina la irracional norma que tipifica como un delito grave el “atentado al honor de un jefe de estado extranjero” que no admite prueba de la verdad y que me condujo a la cárcel a mi hermano y a mí, y finalmente ordena con racionalidad el derecho de respuesta.
Enhorabuena que el Estado uruguayo haya decidido intervenir en un área donde el poder conservador le ha prohibido entrometerse, exigiéndole mirar para el costado ante la omnipotencia de los grandes medios de comunicación, que aportan corazón, nervios, músculos y pulmones al establishment.
Sobre el contenido de este proyecto de ley estoy de acuerdo en lo que dice y en desacuerdo por lo que no dice. Después de 19 años de inexplicable omisión estatal en este tema crucial para la profundización democrática de la sociedad, había que haber aprovechado el esfuerzo para ahondar en algo más que ordenar el derecho de respuesta y solucionar tres iniquidades (exceptio veritatis, desacato y atentado al honor de un jefe de estado extranjero).
Se podía haber, por ejemplo, profundizado y extendido el derecho de respuesta, único derecho que protege a la sociedad frente al poder de los medios. Derecho este que la SIP, el semanario Búsqueda y todos los medios de comunicación del sistema informativo dominante, y hasta la mismísima gremial de periodistas, APU, lo combate por acción u omisión, buscando eliminarlo del cuerpo jurídico nacional.
Si bien el proyecto del gobierno progresista no lo elimina –sólo lo ordena aceptando un reclamo de los propios medios–, desaprovecha el esfuerzo realizado omitiendo ampliar y profundizar el derecho de respuesta, única brecha jurídica vinculante por la cual puede infiltrarse en los medios la voz desprotegida de la sociedad civil.
Este acontecimiento de legítima intervención estatal en el derecho a la información nos sirve de abordaje al décimo y último de los mitos de la comunicación dominante que venimos analizando desde hace meses en nuestras columnas dominicales de “La Cosa Vostra”.
Nos referimos al mito que afirma sin pudor que “la ausencia de prohibiciones resuelve el problema”.
Este prohibido prohibir, tantas veces vociferado a los 4 vientos por la SIP, por el diario El País, por el semanario Búsqueda, por Danilo Arbilla que le agrega el condimento de que “la mejor ley de prensa es la que no existe”, es la antítesis del “prohibido prohibir” del mayo francés del 68. La centenaria derecha que gobernó nuestros país por décadas y décadas, que se cansó de prohibir el disenso y se expertizó en la punición inteligente de la resistencia a la uniformidad, hoy que siente que un nuevo Estado democrático participativo, respetuoso de la democracia formal pero sin perder de vista la utopía de la democracia real, está surgiendo desde las entrañas de los que nunca pudieron participar, se apresura a hacer gárgaras con el “prohibido prohibir”. Lo que en realidad están gritando es “prohibido que nos prohíban”. Lo que desean matrizar en la conciencia de sus súbditos, no ciudadanos, es “prohibido que nos limiten un derecho que es patrimonio de la humanidad, la información, y que nosotros lo usamos como nos venga en gana, sin límite ni control social alguno”.
No se resignan al Estado nodriza que tan bien les sirvió hasta el 1 de marzo de 2005. Hasta esa fecha, nuestro Estado nacional observó en el campo de la comunicación social y del derecho la información una indiferencia cómplice y una debilidad en perjuicio de la población toda y de sus propias obligaciones. Su política, fue la ausencia de políticas, lo que también es una política, la política del laissez faire, que implica trasladar la toma de decisiones desde los centros sociales y estatales a los directorios de las sociedades anónimas de la información.
Durante gran parte del siglo 20, el Estado uruguayo se limitó a obtener que los medios privados trataran favorablemente la comunicación oficial obteniendo por medios directos o indirectos, de presión o seducción, algunos centímetros o segundos más de información favorable que el día anterior, a diferencia del Estado progresista que en esa materia está dando una lección ética de respeto y hasta por momentos, de cierta ingenuidad, poniendo en evidencia las complicidades y favoritismos del pasado.
Ni siquiera ante uno de los mayores peligros denunciados por el propio sistema, referido a la tendencia al monopolio en algunas áreas informativas, el Estado conservador reaccionó de acuerdo a sus bases programáticas. Frente a tal peligro, ese Estado careció de políticas de apoyo a la diversidad real, favoreciendo paradójicamente a los monopolios en ciernes en perjuicio de multitud de empresas menores cada vez más desprotegidas y enfrentadas a una perspectiva de disolución.
Nuestro Estado conservador, y confiamos que el Estado progresista así lo analice, ha ignorado o pretendido ignorar que el problema de la redistribución de la palabra, la imagen y la escritura en el país de los uruguayos no es un problema técnico sino político. Y que la democracia real exige dar voz y medios a los que carecen de ello.
Claro debe quedar en esta afirmación que no estamos proponiendo intervención oficial en la información. No confundimos modelo estatal con modelo oficial. En general la denominada comunicación oficial no está al servicio del Estado y sus fines, sino al servicio del gobierno. No confundimos gobierno con Estado, ni capacidad nacional de comunicar con capacidad estatal. La capacidad estatal es sólo una parte de aquella. Si la capacidad de comunicar está concentrada en el Estado, el proceso se empobrece en su conjunto y deviene en una capacidad nacional disminuida.
Lejos de nuestra intención, ya que hemos sufrido en carne propia clausuras, prisiones y amenazas por informar sin sumisión, está promover la intromisión estatal en la comunicación. Coincidimos con el Marx de la “Crítica al programa de Gotha” proponiendo “convertir al Estado de órgano que está por encima de la sociedad en un órgano completamente subordinado a ella”. Es la vieja tradición liberal del marxismo que en su momento alzaron con vigor Federico Engels y Carlos Marx para enfrentar la concepción estatizadora de Lasalle. Pero también creemos que el Estado tiene algo para decir y hacer para impedir que perezca la diversidad real y la información no continúe siendo uno de los lados más flacos de la democracia política uruguaya.
Pero desmenucemos la estratagema o si ustedes quieren el mito que afirma que “la ausencia de prohibiciones resuelve el problema”.
Apoyándose en el derecho administrativo, acentuando las diferencias entre propiedad pública y privada, desconociendo los fundamentos del nuevo derecho social, joven aún, que pugna por abrirse paso entre las viejas disciplinas jurídicas viciadas por el individualismo privado, el establishment confunde deliberadamente la libertad de (ausencia de prohibiciones) con la libertad para (capacidad o posibilidad real para hacer).
La libertad de expresión, comprensiva de la libertad de información y de comunicación, queda comprendida indiscutiblemente en el campo de las garantías individuales.
La garantía individual “garantiza” la libertad del hombre, sin cuestionarse cuál es su posibilidad real de ejercerla, y al eludir la responsabilidad social que implica, determina una inversión de los valores y bienes jurídicos protegidos por el derecho, dejando en desamparo a la mayorí
a de la población.
La potencial prerrogativa de la declaración de derechos, supuestamente garantizados, sucumbe en el desigualitario disfrute real, en tanto son desigualitarias las condiciones socio-económicas en las que los hombres se desenvuelven.
Comienza a perfilarse una nueva noción de derechos cuando se pone el acento en la posibilidad real de ejercicio y disfrute de una prerrogativa concreta, para lo cual no basta el criterio de los principios superiores y anteriores a la organización política ni es suficiente el simple límite al poder del Estado. Es menester exigir a éste que garantice en verdad el ejercicio de las libertades y derechos frente a intromisiones de terceros y frente a sí mismo, que cree las condiciones que impiden el acaparamiento o absorción, y aun más, que desarrolle actividades concretas para permitir el desenvolvimiento de los individuos y de la sociedad en su conjunto.
El tránsito de la concepción “derecho de” (ausencia de restricciones) a ” derecho para” (capacidad o posibilidad real para hacer) constituye el acta de nacimiento de una nueva conceptualización del ideal jurídico, de carácter personalista o humanista, que se identifica como derecho social.
El derecho social protege bienes y valores que exceden al individuo y atañen a la sociedad en general, e implica concebir los derechos subjetivos más en su función social que en el arbitrio de la posibilidad de cada individuo.
La idea central en la cual el derecho social se inspira, no es la de igualdad entre las personas, sino la de la eliminación de las diferencias que entre ellas existen.
La ideología dominante en materia de comunicación social se atrinchera en la exaltación de la garantía individual de libertad de expresión que afianza jurídicamente la meramente teórica posibilidad de ejercicio a cargo de cada persona. No es casual que se invierta tanta energía en defender un derecho, cuando tal fachada legal sirve eficazmente a los intereses políticos y económicos del establishment. Al convertir la información en privilegio de pocos, lo que sí resulta garantizada es la posibilidad de manipulación de las conciencias y la obtención de beneficios económicos. Las declaraciones internacionales y constitucionales, cuanto más amplias sean sirven de telón formalmente irreprochable, a una realidad social igualmente insoslayable: las mayorías carecen de posibilidades reales de ejercer sus derechos y en la enajenación de la lucha por la subsistencia, en condiciones por demás desventajosas, postergan cualquier reclamo o ni siquiera disponen de vías idóneas para formularlos. El resultado es la apropiación de un bien social, la privatización de un amplio y fundamental sector de la vida pública, la negación real de la tan exaltada libertad de información.
Que hoy no es tal. Y que muy pronto deberá serlo.