Viernes 07 de diciembre de 2007
Escribe : Federico Fasano Mertens
Desmitificamos en las últimas entregas de “La Cosa Vostra” el mito de que es la noticia la que reina y gobierna y no los dueños de los medios y también desnudamos el mito de la objetividad y la neutralidad. Toca ahora referirnos al tercer mito de los medios del establishment: “la única garantía para que el Estado tome el control de la información es la privatización”.
La habilidad de la clase dirigente para despistar a las mayorías, se vuelve a poner de manifiesto cuando afirman que la privatización de los medios de comunicación asegura la libertad del mensaje impidiendo el control de éste por parte del Estado.
Ante el reto adversario, muchas veces las fuerzas del cambio, sin percibir la falsedad del planteo, construyen la contraoferta: desprivatizar para estatizar. Intentan de esta manera restarle fuerza a la iniciativa privada y trasladarla al Estado para poder garantizar el carácter social de esta función. Sostienen con razón que la función de la comunicación es de carácter público, social y comunitario, y no puede ser objeto de comercialización privada, y proponen sin razón, que es preferible que la maneje el Estado.
Olvidan preguntarse de quién es el Estado y cuál es su papel en nuestras sociedades dependientes.
En casi toda América Latina el Estado transfiere recursos a la iniciativa privada aplicando la teoría económico liberal de la complementariedad. Salvo en aquellos países donde existe una estrategia global y autónoma de desarrollo, que generalmente entra en contradicción con la iniciativa privada, el dilema estatización o privatización es a todas luces falso.
Porque el Estado en nuestros países no es precisamente la Nación organizada jurídicamente, noción incauta del liberalismo, antihistórica, abstracta, vacía de contenido real. El Estado ha sido siempre en nuestras comarcas un instrumento de la clase dominante y al mismo tiempo un guardián del sistema que impide los excesos de las partes para salvar al proyecto de dominación.
Por ello es que el mito privatizador despista y confunde. Porque privatización y estatización pueden llegar a ser las dos caras de la misma moneda.
En nuestro país, tras más de 100 años de dominio conservador, superadas las diferencias emocionales y caudillescas, propias de una Nación en busca de su identidad, las fuerzas tradicionales en pugna unieron sus intereses esenciales y montaron una ingeniería inteligente y persuasiva para consolidar su dominio en el tiempo. En ese dominio primitivo jugó un rol estratégico la prensa escrita y en menor medida las concesiones radiofónicas. El poder compartido, el 3 y 2, la alternancia ficta, sólo interrumpido por el golpe terrista, compartido por sectores de ambas formaciones políticas del sistema, constituyeron la base de la dominación concertada.
Sin embargo, ese poder centenario perdió brújula y sextante, le entró a raudales en su sentina el agua de la corrupción, careció del olfato que percibe con anticipación el peligro, no supo retener ni siquiera a su tripulación y terminó por encallar el navío.
El primero de marzo de un sorprendente 2005, la historia les anunció que su tiempo había por el momento cesado y que el timón iba a ser conducido por las fuerzas de un intruso que llegaba en olor de multitudes: se llamaba izquierda progresista. Izquierda que recogía lo mejor de las tradiciones blancas y batllistas y de la izquierda tradicional y democrática que había entregado la sangre de sus mejores hombres y mujeres en la lucha contra una dictadura que nació para exterminarla.
La pregunta se impuso. ¿Entonces el Estado ya no es más de la clase dominante? ¿Ya no es un acorazado de la dominación que utiliza a los medios de comunicación como aliado de los objetivos del statu quo conservador?
Dijimos que el barco encalló, no que se hundió. Encalló pero conserva todos sus cañones intactos y su caja de caudales sigue operando sin problemas.
Cambió el gobierno, cambiaron los administradores del Estado. No es poca cosa, pero a los efectos del análisis del mito, seguimos creyendo que aún falta mucho para que el Estado sea de toda la sociedad y no sólo de una porción de ella.
Y aun llegado el tiempo de la transformación total del Estado, para que cumpla su rol liberador y no haya que ubicarlo en el museo de la historia, junto a la rueca y el hacha de bronce, no creo que la fórmula de la democracia informativa sea desprivatizar los medios y estatizarlos.
El camino debe buscarse por la vía de la socialización de los medios de comunicación, sin confundir socialización con socialismo y expropiación de los medios. El camino es la participación de todos los sectores sociales en el tema de la información. El camino es el acceso social que permita elaborar los mensajes a las mayorías marginadas de su construcción.
Para ello deberá transitarse previamente por la etapa de la concertación de la cual hablaremos en otras entregas al terminar el diagnóstico y definir las propuestas.
Cuando los medios privados alertan sobre el peligro de la censura estatal ¬salvo en los regímenes militares de fuerza que ellos mismos impusieron¬ lo que están buscando es despistar nuevamente a la opinión pública, para que no pueda percibirse que la censura real es la autocensura, es la censura ideológica que los medios del establishment ejercen sin control público alguno.
En los regímenes de opinión demoliberal, el Estado ha transferido su poder coercitivo de censura a los propios medios que se han convertido así en los organismos naturales de vigilancia y preservación del sistema. Sólo cuando los medios le informan al Estado que ya no pueden controlar las exigencias de sus operadores, de sus receptores, de la sociedad toda, la censura vuelve a ser depositada en la fuerza del Estado, quien decide propinar el puntapié histórico al tablero de la tolerancia, cerrando a cal y canto toda posibilidad de disenso, para después de un largo período de desgaste y contradicciones, volver a reinstalar en su lugar los fusibles del sistema que evitarán todo cortocircuito, devolviéndole a los medios su papel de censuradores ocultos. Esta ha sido la historia real de la falsa oposición planteada entre Estado y medios privados de comunicación, expuesta para evitar el peligro real: la participación de la sociedad en esta bipolaridad Estado-Medios, que debe dejar de serla, abriendo las puertas a la voz de todos los sectores sociales, hoy condenados a una mudez que ensordece. Por otra parte la privatización encierra el peligro de una monopolización creciente que uniformiza el mensaje y cierra todas las posibilidades de diversidad en la uniformidad. De todos modos el problema central no reside ni en la propiedad de los medios ni en su poderío económico.
El peligro no reside en la propiedad sino en el uso, en la posesión, en el control ideológico, cultural y económico. Por lo tanto no es el sistema de propiedad el que hay que cambiar, sino la forma de usarlo. O al servicio de la gente o de los accionistas.
La entidad de los activos fijos del poder privado mediático siempre será menor que la entidad de sus influencias, dada la característica de la reproducción de sus productos ideológicos en nuestras sociedades. El presupuesto de operaciones de las principales agencias transnacionales de la información no superan, todas juntas, los mil millones de dólares anuales, mientras que el 70% de la información mundial es producida por estas poderosas corporaciones de la estructura transnacional, influyendo sobre inversiones cien mil veces superiores a sus propios capitales.