La publicación en nuestra edición de la víspera de la denuncia presentada en la Cámara de
Senadores por el legislador Carlos Cassina fue como una bomba de profundidad que detonó en las
aguas quietas de la sociedad uruguaya. El informe del Tribunal de Cuentas, firmado por su propio
presidente, el contador Rinaldo Smeraldi, replanteó de una sola cachetada la realidad social y
económica de todos los uruguayos.
Sin embargo, durante todo el día de ayer la reacción de la sociedad uruguaya en su conjunto fue,
digámoslo sin ambages, preocupante: por una parte el grueso de la gente, el célebre “uruguayo de
a pie”, pareció poco sorprendido por la noticia. Fue como la confirmación de una sospecha
largamente rumiada. Como si, en este país de frustraciones, huelgas y poder adquisitivo cada día
más tercermundista, fuera normal y lógico que una casta de privilegiados recibiera
importantísimas remuneraciones del Estado.
Por otra parte, los formadores y líderes de opinión, la propia clase política y la mayoría de los
comunicadores prefirieron centrar el tema en la legalidad o no de los propios procedimientos, en
la exactitud o no de determinada cifra. Como si, en este caso, el problema fuera la idoneidad
contable y no la transparencia de procederes.
Preocupante reacción porque delata una falta de confianza en la democracia y una resignación
sobre “el estado de las cosas” que nosotros, sencillamente, no estamos dispuestos a aceptar.
Creemos que corresponde a los poderes públicos discernir si el informe del Tribunal de Cuentas es
exacto o contiene “gruesos errores”. Creemos que es la clase política y los expertos en Derecho
Administrativo que corresponde dictaminar sobre la procedencia o no de cada contratación, sobre
la legalidad inclusive de algunas de ellas.
Pero creemos firmemente que es competencia de todos y cada uno de los uruguayos el tema de la
justeza y corrección de la política aquí ejecutada. Porque todos los uruguayos pagamos esa
política. Todos y cada uno de nosotros, con nuestras angustias económicas, con la tristeza de
saber que mucha gente pasa hambre, con la angustia de conocer el deterioro de la salud pública y
de la enseñanza; con todo eso, también, estamos pagando esa especie de “impuesto espiritual”
que ahora descubrimos, tiene variadas exoneraciones.
Por eso, más seguros que nunca, reiteramos nuestro título de ayer: FETIDO difimos y FETIDO
repetimos hoy. Queden para otros los artilugios legales, las justificaciones técnicas y las esxusas
políticas. Para nosotros, el manejo de las cuentas públicas es un problema moral. Y, desde
Hamlet para acá, a veces las cuentas públicas huelen mal. Tal es el caso.
Por eso, y para que todos los uruguayos separemos los montos, las cifras y las tareas que cada
quien hace (pues son NUESTROS empleados quienes han sido contratados para ello) es que hoy
publicamos la lista completa. Y que cada uruguayo saque sus propias conclusiones. Es evidente
que la lista que publicamos está integrada en su inmensa mayoría por honestas personas,
trabajadores, técnicos, profesionales y expertos que brindan sus servicios al estado con seriedad e
idoneidad. La inclusión de sus nombres no significa, en absoluto, ninguna valoración sobre sus
conductas. Pero, precisamente por ello, nos parece fundamental dejar en claro que, entre tantos
contratos idóneos y “correctos” (para usar la expresión del senador Cigliuti) pueden deslizarse
otros ni tan idóneos ni tan correctos. La lista completa contribuye, nos parece, a que la sociedad
toda sepa discernir.
Sabemos que la publicación de esta lista puede provocar escozores y sin embargo no nos
arredramos. Porque creemos en el Uruguay, en su gente, en los cientos de miles que trabajan día a
día produciendo la riqueza en fábricas, campos, talleres, escuelas. En los 3 millones que,
porfiadamente, pese a todo, seguimos creyendo que este país vale la pena.