En los últimos días, con fundada inquietud, un grupo de legisladores solicitó a través del
presidente de la Cámara de Representantes, Luis Alberto Heber, una serie de precisiones sobre
las declaraciones del ahora procesado oficial principal Washington De María a LA REPÚBLICA,
las cuales fueron hechas -como lo dijimos a lo largo de todos estos días- a través de una
tercera persona que se comunicó con el diario dando la clave proporcionada previamente por el
propio De María.
Ante el giro que han tomado los hechos y el levantamiento del secreto presumarial, LA
REPÚBLICA informa a sus lectores, paso a paso, lo que ya le fuera informado en su momento
al Poder Judicial y al propio ministro del Interior, doctor Juan Andrés Ramírez.
La cronología de los hechos es la siguiente:
Jueves 26 de agosto, 20 horas. El cronista de la sección La Violencia, Renzo Rossello, se
comunicó telefónicamente con el oficial De María para confirmar una noticia que vinculaba a
dicho oficial con la desaparición del empresario González Rodríguez. De María le señaló a
Rossello que «existía una conspiración» para involucrarlo en esa desaparición, en la que él nada
tenía que ver, salvo haber llevado al empresario hasta la Ciudad Vieja.
A las 22 horas de ese mismo día el oficial principal Washington De María llamó por teléfono a
Rossello, a la redacción del diario, ratificó su desvinculación del caso y dijo que llamaría al día
siguiente para proporcionar ciertas informaciones importantes sobre el tema. Agregó que nos
llamaría él o alguien que utilizaría la contraseña «Carlos y el número 7707 que es el número de
mi radioaviso”
Al día siguiente viernes 27 a las 15 horas el oficial De María volvió a llamar a LA REPÚBLICA y
esta vez visiblemente nervioso nos comunicó que se encontraba detenido en Coraceros, que lo
querían involucrar «vilmente» en el tema y que no podía darnos ciertas informaciones por estar
privado de su libertad pero que lo haría a través de una persona que se identificaría con la
contraseña que nos habla dado el día anterior.
Al día siguiente, sábado 28, llamó por teléfono a las 18 horas a los periodistas Renzo Rossello y
Néstor Curbelo una persona que dijo venir de parte del oficial De Maria proporcionando la
contraseña «Carlos 7707» negándose a entrevistarse personalmente.
Afirmó que el oficial De Maria tenía algo importante que comunicarnos y que volvería a
llamarnos. Lo hizo a las 20.30 horas hablando con Rossello. Señaló que el mensaje de De
María indicaba que quería hablar en forma urgente con el ministro del Interior, añadiendo que
su vida estaba en peligro y que en el caso del empresario se encontraban implicados dos altos
oficiales de la Jefatura de Policía de Montevideo, un fiscal y un diputado, proporcionando
nombres.
Ese mismo día, sábado 28, el vocero del oficial Washington De María volvió a llamar a las 21
horas, circunstancia en la que nuevamente interrogado por los dos cronistas de LA
REPÚBLICA ya mencionados, ratificó sus dichos y agregó que volvería a llamar para ajustar
«detalles de la publicación”.
Se le indicó que si llamaba y no encontraba a los periodistas en el diario, los localizara en el Bar
Caballero, un petit-restaurante situado en la esquina de Garibaldi y Monte Caseros, a pocos
metros de LA REPÚBLICA.
A las 23:30 de ese día, el mismo vocero del oficial De María llamó a los cronistas al mencionado
Bar Caballero. Fue así como personal del establecimiento pudo escuchar, perplejo, parte de la
conversación sostenida por el periodista y el vocero. En esa conversación, además, el vocero
de De María indicó que el oficial «tenía pruebas documentales” que avalaban sus dichos.
Hasta aquí los hechos vinculados a las comunicaciones que por interpósita persona el oficial
Washington De María sostuviera con LA REPÚBLICA.
De todo ello, el director de LA REPÚBLICA informó de inmediato al ministro del Interior, Juan
A. Ramírez. No nos consta, y así lo dijimos desde el primer momento, que los dichos
comunicados por De María fuesen ciertos.
Lo que sí nos consta, por la índole de la contraseña aportada, es que la persona que llamó por
teléfono en varias oportunidades al diario LA REPÚBLICA sí había sido enviada por el oficial
De María. No hay que ser excesivamente sagaz para imaginar los motivos por los cuales el
oficial De María negó el contacto con LA REPÚBLICA.
En todo este hecho, y en la cadena de acontecimientos posteriores, la dirección de LA
REPÚBLICA consideró necesario e impostergable comunicarse con las autoridades
competentes para informar de las versiones que se manejaban, así como comunicarlo al Poder
Judicial, También se consideró un deber cívico ineludible informar a la opinión pública, aun
cuando en este caso, nuestro diario no dio ni dará los nombres de los involucrados en las
declaraciones del vocero del oficial De María.
No nos corresponde a nosotros comprobar si dichas afirmaciones son exactas o, por el
contrario, dictadas por otros afanes. Para ello existe la autoridad legalmente constituida.
Nuestra confianza en esa autoridad quedó en claro cuando le informamos al ministro Ramírez y
al Poder Judicial del contenido de esos contactos.
Lo que sí nos corresponde es mantener informada a la opinión pública de un hecho que
adquirió especial relevancia, que implicó a varios funcionarios públicos -o ex funcionarios
públicos y cuya madeja sustancial todavía no ha sido destrenzada por las autoridades. Esa
obligación ineludible e irrenunciable la ejercimos y la ejerceremos. Y este ejercicio no
presupone en absoluto rozar siquiera la honorabilidad de las personas e instituciones.
Presupone, sí, asumir nuestra responsabilidad social y cumplirla por encima de cualquier interés
particular.