LA REPUBLICA compromete su palabra: “que la
Corte imprima el Plan Circuital y todos los
diarios lo encarten en forma gratuita”.
Si toda institución pública debe ser celosa de la certeza de su palabra, este celo es
especialmente exigible a aquella que las normas ha señalado como guía y custodia de la
voluntad del soberano. La Corte Electoral, en la expresión de su función específica, se debe a
pura objetividad, y sus declaraciones no pueden reflejar parcialidad alguna respecto a los actos
que debe controlar en nombre del Estado.
Menos aún permitir que alguno de sus miembros, por cuenta propia, haga aseveraciones que
involucren en estrategias o tácticas a personas o grupos que están por su vocación al servicio
de la comunidad como tal.
El señor Juan Carlos Furest, persona de nuestra consideración, presidente de la Corte, ha
dicho que LA REPUBLICA habría afirmado que iba a publicar gratuitamente el Plan Circuital y
ahora concertando con no se sabe quién se desdecía. En concreto, a nuestra pregunta, ha
contestado: «Sí, pero todo eso está concertado, porque hasta ahora estaban diciendo que lo
publicaban, y ahora están diciendo que no”.
No vale la discusión; vale el desafío: ¿puede decir el señor Furest el nombre y apellido de la
persona autorizada de LA REPÚBLICA que hizo la promesa que él denuncia?
En su deber como persona, a quien siempre hemos respetado, y como funcionario responsable
del Estado ante la ciudadanía.
Es asunto grave. Me acusó injustamente a mi o al diario que dirijo de concertar no se qué cosa
con ánimo que no define pero que en el contexto de su afirmación no puede ser nada bueno. Y
a renglón seguido afirma temerariamente que me había comprometido a su publicación.
Ni yo, ni ningún representante de LA REPÚBLICA tomó contacto alguno con la Corte Electoral
para anunciar que publicaría el plan circuital a su cargo. Empeño mi palabra en ello. Y exijo que
se pruebe lo contrario o se proporcione siquiera el nombre de algún representante de nuestro
diario que así lo haya hecho. En caso contrario exijo una retractación.
Pero al margen de este desatino, que sigo sin atribuirlo a mala fe y sí a irresponsabilidad o
desprolijidad en el tema, quiero aclararle que LA REPÚBLICA no tiene afán ninguno de lucro
en la difusión más amplia del plan circuital. Y empeña su palabra en tal sentido. Lo que no
puede hacer es destinar toneladas de papel de las que no dispone ni LA REPUBLICA ni los
demás medios para imprimir 20 páginas del diario en la difusión de una obligación que
corresponde al Estado. Empero en este problema sorpresivamente planteado, y que pone en
peligro la realización del referéndum, corresponde destinar el escaso tiempo que nos queda, no
en distribuir culpas sino en resolver el problema. La Corte debe plantear al medio de prensa
que pueda imprimir a más bajo costo el plan circuital o a la propia Imprenta Nacional, que lo
imprima de inmediato para todos los diarios, tal como se hizo en las consultas electorales
anteriores, y una vez impreso acordar con todos los diarios que lo encarten en sus ediciones.
LA REPÚBLICA compromete su palabra de sostener ante sus pares la posición de no cobrar
suma alguna por el encarte referido, dada la gravedad de la situación planteada. Y estará a las
resultas de la decisión colectiva que se adopte. Es indudable que la prensa escrita vive la crisis
económica más aguda desde su nacimiento, pero también es cierto que entre la obligación
suprema de servicio a la comunidad y la posibilidad de aprovecharse de la insólita situación
planteada debe prevalecer el fin altruista superior. Y en tal sentido exhortamos a todos los
colegas a no cobrar las tarifas habituales de encarte y a llevar a cabo gratuitamente el servicio
que exige la comunidad. Así de esta manera, ambas partes, Estado y Medios, contribuirán a
servir al mandante natural de ambos: la sociedad.