Ante el contenido de la imprevista reunión convocada por la ministra de Cultura, doctora Adela
Reta, y sus declaraciones posteriores formuladas en una conferencia de prensa, la dirección
del diario LA REPÚBLICA se ve obligada a fijar ante la opinión pública del país su posición al
respecto.
1) Deploramos que se haya convocado a una reunión urgente con los directores de los medios
de comunicación y representantes de la Asociación de la Prensa y ANDEBU, para analizar
políticas de difusión de noticias, ante el comunicado de los guerrilleros publicado por nuestro
diario, sin ser citados ni escuchados. Tampoco fuimos convocados a la conferencia de prensa
posterior. El gobierno eligió el peor camino. Primero nos ataca, después nos invita a dialogar.
Mal precedente para obtener nuestra colaboración que seguramente estará presente si de
fortalecer la democracia se trata, y que no contará con nuestra anuencia si desinformar es el
objetivo.
2) La ministra doctora Reta calificó de inadmisible la publicación de la noticia brindada por LA
REPÚBLICA. Añadió además que nuestra conducta estaba agravada porque habíamos
confesado, en nuestro propio diario, que no sabíamos si era verdad o no era verdad lo que
contenía el comunicado, explicando posteriormente que la noticia la obtuvimos por medios
«cuya legalidad es muy discutible». Remató su admonición afirmando que estábamos «violando
las reglas esenciales de la información periodística».
3) Lo que es inadmisible es que el gobierno del país sea el que determine qué noticia debe ser
publicada y cuál no, cuando sólo la ley es la que fija las limitaciones del caso.
El artículo 19 de la ley que rige a los medios de comunicación es muy claro al respecto y sólo
nos prohíbe la divulgación maliciosa de noticias falsas, la excitación al desprecio de la Nación,
del Estado o sus Poderes y al vilipendio de los Símbolos Nacionales y la apología de personas
que se encuentren requeridas por la Justicia.
LA REPUBLICA se movió en el campo estricto de la legalidad y no cometió ninguna violación a
la norma que nos rige, como puede comprobarse con sólo verificar que se limitó a publicar una
noticia plenamente confirmada: la existencia de un comunicado elaborado por el FRP y la
difusión de su contenido, sin ningún tipo de apología.
Mal podíamos, por otra parte ser apólogos del FRP, cuando con nuestra propia firma fuimos
implacables en la crítica a su accionar en el artículo que titulamos «El héroe en la escena y el
pueblo en la platea» que seguramente la señora ministra no leyó debidamente.
4) No sólo no violamos las «reglas esenciales de la información periodística» sino que las
cumplimos cabalmente porque la principal regla es no ocultar información confirmada a lector
alguno, a quienes no consideramos sujetos de tutela gubernamental sino opinión pública
madura capaz de discernir al contacto con la materia prima informativa que amasamos todos
los días los periodistas de este país.
5) En cuanto a la ilicitud de nuestros métodos para obtener la noticia (entrevistarse con tres
guerrilleros) sólo nos resta sorprendernos por el desconocimiento de la función periodística de
que hace gala la Ministra de Cultura. Es desconocer el «abc» del periodismo formular tal aserto
descalificador. Es ignorar lo que pasa en el mundo informativo desarrollado al cual
pretendemos aproximarnos. Mientras cualquier medio informativo norteamericano (léase The
New York Times) o europeo (Le Monde) o latinoamericano o de Burkina Fasso inclusive,
consideraría una importante misión cumplida haber obtenido una noticia difícil de quienes
generalmente ocultan información, en nuestro país nos sobresaltamos y desgarramos
vestiduras. ¿Cuál hubiera sido para la señora Ministra el medio lícito para obtener la noticia, sin
entrevistarse con los guerrilleros? Lo irresponsable hubiera sido publicar un comunicado
llegado por correo sin que pudiéramos concretar verificación alguna.
6) Pero lo que más nos llama la atención es su referencia a que publicamos algo que no
sabíamos si era cierto. Afirmar que lo que decía el comunicado era cierto es decir ni más ni
menos que participamos en el ataque a La Tablada, que no creo sea esa la intención de la
señora Ministra.
Cómo puede afirmar LA REPÚBLICA que es cierto que todos los heridos del FRP y gran parte
de los detenidos. fueron fusilados sumariamente? LA REPÚBLICA no es juez ni posee los
medios técnicos y humanos para suplir a todo el Poder Judicial argentino quien con las pruebas
presentadas, seguramente requerirá los negativos que obran en poder de ciertos medios de
información, los ampliará adecuadamente y con los medios idóneos para ello verificará si
corresponden a los nombres -desconocidos hasta el momento- aportados por el comunicado.
7) Pero lo que personalmente más me ha dolido, en las declaraciones de la doctora Reta, es no
haber tomado en cuenta que precisamente en este caso, nuestra obligación ética de informar
iba acompañada de nuestra obligación moral de contribuir a esclarecer presuntos homicidios
mediante la publicación de las pruebas que se nos facilitaban.
Se trata de vidas humanas cercenadas. Los guerrilleros detenidos pagarán con todo el rigor de
la ley los homicidios cometidos. ¿Pero ha pensado por un momento, señora Ministra, qué
pasaría de ser ciertas las acusaciones de fusilamientos masivos de prisioneros, si las pruebas
son ocultadas?.
Otra vez el horror, la deserción de la justicia, la marginación del derecho y la consagración de
los enemigos de la vida.
Cuando tomé la decisión de publicar estas presuntas pruebas de fusilamientos, en mi
conciencia brilló sólo una voluntad: si existe aunque sólo fuera un 1% de posibilidades de que
estas pruebas fueran ciertas, bien vale la pena que la justicia las investigue. Nada se pierde. Y
el derecho a la vida puede ganar nuevamente otra batalla. Batallas que muchas veces se
pierden por la indiferencia y la claudicación de los que miran para el costado, del «no te metas
del «no es cosa nuestra»
8) En resumen señora Ministra: Los medios no califican la noticia para decidir cuál se publica y
cuál se oculta; simplemente deben brindarla en su desnuda realidad en el ejercicio del derecho
que tienen de informar y en defensa del lector a ser informado. Esa es precisamente «la regla
esencial» que usted afirma inexplicablemente que violamos.
Los sucesos violentos no cambian su naturaleza porque se les oculten. Siguen siendo violentos
aunque el ciudadano común los ignore. El silencio impuesto sólo sirve para desmesurar su
proyección y trascendencia. ¿Quién es el omnisapiente censor habilitado para separar la
información potable de la pecaminosa y cuál es la norma que lo autoriza a decidir qué cosas el
lector puede conocer y cuáles no puede conocer?
La experiencia mundial enseña que los diarios norteamericanos noticiaron abundantemente
sobre el desarrollo de la guerrilla cubana desde sus inicios en Sierra Maestra y lo siguieron
haciendo en todas las partes del mundo.
Si hay un rebrote guerrillero en la Argentina, por desacomodado o erróneo que sea ¿qué
ganamos con ocultarlo? Un manto de silencio ¿podrá acaso contribuir a desbaratarlo o tornar
razonables a los ofuscados?
Y si en la represión se incurre en extralimitaciones, errores o crímenes persistir en el silencio no
será una forma subliminal de fomentarlos?
El gobierno uruguayo con los pasos hacia la autocensura o la amedrentación indirecta sobre el
derecho a la información inicia el tránsito hacia un camino que ya creíamos superado en
nuestras tierras: el del no tan largo viaje hacia el autoritarismo desinformador. Confiamos en
que todo se trate de un desliz político, producto de presiones externas, mal asesoramiento,
reacción emocional con la cabeza caliente o error de cálculo en sus efectos. Los antecedentes
democráticos de la Ministra de Cultura, y los del jefe de Estado habilitan a pensar en que la
libertad de información seguirá siendo irrestricta y que no tendrá otro límite que la ley. Que bien
saben no hemos violado.
De todos modos, este doble discurso de hoy (está bien informar sobre los comunicados
golpistas de Rico y Seineldín o por lo menos no desataron el rasguido de vestiduras de hoy,
pero está mal informar sobre el comunicado del FRP) nos lleva a pensar que el «dualismo» que
«el proceso” pretendió inculcarnos, no ha sido completamente erradicado en las mentes y los
corazones de los administradores civiles de la transición.