El veto de Sanguinetti al proyecto que otorga a Antel la responsabilidad de todo el sector de la
radiodifusión implica la pérdida de más de «un año de deliberaciones políticas. Un retroceso en toda
la línea. La unanimidad tan largamente conseguida en el Senado se desmoronó ante la marcha atrás
del Presidente. ¿Imprevisión? ¿Irresponsabilidad? No lo creemos. En esta área tan sensible, las
intenciones del hábil estratega que probó ser Sanguinetti apuntan hacia otro blanco.
Creemos que hay un sólido cangrejo escondido bajo la piedra del proyecto sobre radio – televisión
presentado por el Poder Ejecutivo en Diputados.
Capacidad social o capacidad estatal
¿El veto podrá ser levantado? Tal posibilidad sólo tendría lugar si se repiten los votos en el Senado
y Diputados, donde todos los senadores colorados defendieron los fueros de Antel. No parece
posible en la coyuntura. Iniciamos estas notas afirmando la existencia de falsos dilemas.
Sostenemos tal aserto al fin de las mismas. El problema no es Antel o Interior o Defensa. El
problema es a qué juega el Estado en este conflicto en el que participan tres actores claramente
delineados: el propio Estado, los poderosos medios de comunicación y la sociedad inerme de la que
nadie se acuerda.
Esta vez el Estado jugó a fortalecer su rol, pero no precisamente en defensa de la sociedad. Muy
críticos hacia la televisión privada fueron nuestros análisis de ediciones anteriores sobre la
omnipotencia de los medios frente a la impotencia de la sociedad. Pero ello no quiere decir que
aboguemos por un modelo estatista de comunicación, que la experiencia ha demostrado que tiende a
empobrecer los procesos de democratización real. No confundimos capacidad social de comunicar
con capacidad estatal.
Desconfiamos de un Estado que se autoerige en sinónimo de Poder Ejecutivo, olvida sus
obligaciones originarias para con la sociedad, pacta cuotas de influencia con los medios privados e
intenta ejercer el peor de los paternalismos velando por la manipulación de hechos y conciencias en
beneficio de su situación de poder.
No defendemos el modelo estatal frente al modelo mercantil. Apoyamos un modelo social de
comunicación donde el Estado, los medios privados y los sectores sociales posean los mismos
derechos y obligaciones, sin exclusión de clase alguna. Y en esta oportunidad el Poder Ejecutivo
volvió a equivocarse. Presentó un proyecto que por una parte resolvía a favor de los medios
privados su pugna con la sociedad y por la otra fortalecía al Poder Ejecutivo frente a esa misma
sociedad que carece de representación política en el Ministerio del Interior y sí la posee en Antel.
Educación: un Ministerio más sensible…
Pero también se equivocó en la solución administrativa del problema. Ante las cuatro funciones que
el Estado debe desarrollar en el área de la radiotelevisión –1) Políticas de comunicación; 2)
supervisión técnica; 3) control de policía administrativa que le exigen los convenios internacionales;
y 4) relaciones con los organismos mundiales de frecuencias– Sanguinetti optó por pasar todo al
Ministerio controlador por excelencia. Optó por verticalizar y centralizar. Podía haber optado, como
ocurre en algunos países, por descentralizar, horizontalizar y en definitiva democratizar el control,
otorgando cada una de estas cuatro funciones a los ministerios y servicios que le correspondan. A
Educación y Cultura la formulación de políticas, a Antel la supervisión técnica, a Interior el control
de policía administrativa y a la Cancillería las relaciones con los organismos internacionales. O
quizás, la solución más admitida en los procesos de democratización de las comunicaciones, y por
la cual me inclino pese a que los sectores más progresistas del Parlamento no la sugirieron, dividir
funciones técnicas por un lado y políticas por otro, encargando a Antel las primeras y a Educación
todas las demás. Bien puede Educación y Cultura representar al Poder Ejecutivo en este tema en el
exterior como lo hace en multitud de temáticas.
Y, por otra parte, la función de policía administrativa a que está obligado el Estado por convenios
internacionales –no nos referimos a la función dictatorial y anticonstitucional– es tan limitada, poco
ejercida, con escasos antecedentes en la práctica del país, que también puede ejercerla el ministerio
cultural. Por otra parte, quién puede negar la incidencia de la comunicación radiotelevisiva en la
cultura y en la instrucción masiva de la gente, en todos los niveles. Por otra parte fue la sabia y
añeja solución de los legisladores liberales de 1928, desacatadas después por las sucesivas
administraciones que privilegiaron a Defensa desplazando al Ministerio de Instrucción Pública.
Comunicación es poder pero es precisamente poder como productor de ideología y patrones
culturales. No tenemos duda de que es el de Cultura el ministerio más adecuado para pilotear el
proceso de democratización de la radio y la televisión. Aunque, como siempre, todo dependerá de
quién administre ese sector. El problema no es el Estado sino quién es el dueño del Estado. Pero la
estructura del Ministerio de Cultura está más sensibilizada y preparada para abordar esta temática
social y resolverla pluralmente, que las estructuras verticales de Interior y Defensa.
La oportunidad de enmendar el error se presentará ahora, cuando la Asamblea General considere el
levantamiento del veto al proyecto comentado.