No podía quedar callado ante el infame ataque contra los derechos más elementales
de la ciudadanía y contra un juez digno que intentó protegerlos.
Ataques combinados lanzados la semana pasada en defensa del programa Zona
Urbana de Canal 10, por una coalición integrada por el periodismo carroña, el
semanario Búsqueda y su aliado permanente, la gremial de los periodistas (APU),
desertora de todos los principios fundacionales que alumbraron su existencia y hoy
protectora y protegida de la derecha más rancia de los medios de comunicación.
El tema cuestionado: linchar al juez José Balcaldi por aplicar la ley al ordenar a
Zona Urbana que le dieran la palabra a un médico al que acusaron de un acto de
corrupción.
No se trataba ni de que Zona Urbana se retractara o se rectificara o cesara en sus
prácticas de obtener noticias engañando a los presuntos delincuentes de poca monta,
nunca a la delincuencia del poder, con cámaras o micrófonos ocultos, prácticas éstas
que no están prohibidas por el orden legal y que sólo pertenecen al universo
deontológico de la ética profesional.
Se trataba solamente de permitir el acusado ejercer el primario derecho de defensa,
piedra angular de nuestra democracia liberal.
Se trataba de permitirle al acusado, o negar los hechos, o explicarlos o
contextualizarlos, sobre todo cuando esos hechos no están verificados por una
sentencia judicial. Y aunque lo estuvieran, el derecho de respuesta también asiste a
los condenados.
Burda estafa intelectual falseando la decisión del juez Balcaldi
No sólo Zona Urbana, Búsqueda y los dirigentes de la APU negaron ese derecho
sino que fueron más allá. Montaron una burda estafa intelectual afirmando que el
juez Balcaldi impedía dar noticias sobre hechos delictivos que no hubieran sido
previamente ratificados por sentencia judicial.
Jamás, en ni uno solo de los párrafos de los considerandos del fallo del juez Balcaldi
ordenando el derecho de respuesta, ni en uno solo de los vocablos de su sentencia,
existe concepto que impida directa o indirectamente a medio alguno difundir
noticias de presuntos delitos que no hayan sido previamente condenados por la
Justicia.
Mienten esos medios y APU cuando afirman lo contrario.
Lo que el juez Balcaldi ordenó, cumpliendo el mandato legal, es que se otorgue
derecho de respuesta al acusado porque éste entiende que la noticia lo agravia y es
inexacta.
La exigencia de la ley sobre derecho de respuesta ante noticia inexacta o agraviante,
es un derecho que se otorga al involucrado no al medio. Es el involucrado el que
decide si la noticia es inexacta o agraviante. El juez no tiene posibilidad alguna de
decidir en esa especie de seudo contradictorio, si la noticia es exacta o agraviante
porque el procedimiento legal no admite instancias procesales de prueba u otras
alternativas.
La ley a título taxativo excluye del derecho de respuesta a “la mera reproducción de
los discursos pronunciados en el Parlamento o por autoridades públicas, como
tampoco los documentos oficialmente mandados publicar o difundir”.
Fuera de ello el derecho de respuesta existe en toda su plenitud aunque finalmente se
pruebe que la noticia difundida por el medio sea exacta.
Porque de lo que se trata es que la sociedad conozca no sólo la opinión del medio
sino la de todos aquellos que el propio medio involucró y se sienten agraviados.
¿Por qué le tienen tanto miedo a que la sociedad rompa el monopolio de la palabra
que detentan los medios?
¿Por qué le tienen tanto miedo a que la sociedad se informe en el pluralismo
escuchando todas las voces?
¿Por qué quieren imponer a toda costa la dictadura de los medios de comunicación
que sólo hacen oír su soberana voz, basada únicamente en la propiedad privada que
les otorga el poder decidir sin control alguno qué se publica y qué no se publica, o
qué se difunde y qué no se difunde?
La ley no puede modificar esta injusticia básica de una comunicación en poder de
unos pocos, entre los que me encuentro, aunque bregando por modificar esa
iniquidad. Pero sí, la Justicia puede imponer que los afectados, sean culpables o no,
puedan decir su verdad ante el medio que los involucró.
¿Qué otro recurso le queda a un ciudadano que se cree agraviado por un medio de
comunicación, si no es el de poder decirle su verdad a la audiencia de ese medio que
no tuvo oportunidad de escucharlo?
Los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de publicar toda
noticia que cuente con fuentes confiables, sin más límite que el de la vida privada de
las personas. Pero toda noticia publicada conlleva la obligación de permitir su
respuesta ante cualquier ciudadano afectado por ella.
De las 18 Naciones latinoamericanas, 16 consagran por ley el derecho de respuesta y
las otras 2 lo admiten aplicando el Pacto de San José de Costa Rica
En nuestra América, la del Sur, la del Centro y la del Norte, desde Tierra del Fuego
hasta Alaska, el derecho de respuesta está consagrado en las Cartas Magnas y en la
ley de todas las Naciones como un derecho inalienable y fundamental.
De las 18 naciones latinoamericanas de habla luso-hispana con sistemas de
democracia formal liberal, 16 consagran el derecho de respuesta por ley, y las dos
restantes, Argentina y Bolivia, aplican el artículo 14 de la Convención Americana de
Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica que instaura el derecho de
respuesta como uno de los derechos humanos esenciales. No hay ninguna
jurisprudencia contra el derecho de respuesta en esos países.
El francófono Haití también tiene ley al respecto y los de habla sajona, como EEUU
y Canadá tienen leyes en la mayoría de sus estados o provincias y una jurisprudencia
favorable al derecho de respuesta. Por último, Jamaica que no posee ley de derecho
de respuesta, admite ese derecho jurisprudencialmente.
A nadie se le ocurre en un país civilizado negar un derecho tan elemental como el de
respuesta, salvo a la APU y a Búsqueda.
Los argumentos de APU, Búsqueda y Zona Urbana para expropiar a la sociedad un
derecho fundamental
Veamos ahora el argumento de la triple alianza: gremial de los periodistas (APU), el
semanario Búsqueda y el programa Zona Urbana de Canal 10, entente coaligada
para expropiar a la sociedad un derecho adquirido y que es de características
fundacionales en cualquier comunidad.
1) Zona Urbana.
El panel de Zona Urbana de Canal 10 en el programa del día 19 de mayo último, fue
unánime en condenar el derecho de respuesta de un médico al que acusaron de un
acto de corrupción.
Los argumentos de estos periodistas se redujeron, en síntesis, a decir “el programa
es mío, yo lo hago y le doy la palabra a quien quiero”.
Ni el propietario del propio canal hubiera sido tan capataz en la conculcación de un
derecho universal como el de respuesta. Más patética aún fue la respuesta de una de
las dos periodistas del programa –no recuerdo su nombre– cuando afirmó a modo de
postulado magistral de su tesis, que en definitiva no se le podía otorgar el derecho de
respuesta al médico porque el minuto de televisión es muy caro y el peticionante
debe entender que la empresa no se lo puede regalar.
Palabra más, palabra menos, estos fueron los enjundiosos argumentos de Zona
Urbana para enterrar uno de los derechos humanos más extendidos: el de la libertad
de la sociedad a emitir su pensamiento y no sólo la libertad de los medios a hacerlo.
Tomás Linn, de Búsqueda, convocó a los medios a desacatar al Poder Judicial “para
que la policía allane las redacciones, apunte con sus metralletas a los periodistas e
imponga la respuesta exigida”, para que así caiga el derecho de respuesta
2) Semanario Búsqueda.
La ofensiva de Búsqueda fue menos trivial pero mucho más peligrosa contra este
derecho humano, al punto tal que su columnista Tomás Linn, que asumió el rol de
verdugo de la libertad de palabra de la sociedad, llegó incluso a convocar al desacato
a los jueces.
Este profesor de la Universidad Católica que enseña a sus alumnos ética periodística
y que se devana los sesos en sus editoriales atacando a la izquierda diciendo
defender las libertades públicas, llega al desenfado de proponerle a los medios un
plan conjunto de desacatos a la Justicia para que ésta “recurra a la fuerza pública, dé
orden a la Policía de allanar una redacción, arrestar al editor desacatado, apuntar con
sus metralletas al resto de los periodistas para imponer por la fuerza la respuesta
exigida” todo ello para provocar la reacción nacional e internacional que terminará
con el derecho de respuesta.
“Quizás no haya otro remedio que tomar el camino más radical, es decir caer en el
desacato al juez”, afirma el profesor de ética de Búsqueda y añade luego que “para
que la orden del juez se cumpla, se necesita una descarnada represión policial
similar a la de las dictaduras de los años 80 cuando los semanarios dejaban espacios
en blanco o recortaban a mano las páginas censuradas. Mostrará que en su esencia
(el derecho de respuesta) es un atropello liberticida sin atenuantes”.
Hasta qué punto puede llegar la derecha de este país en su odio frente a la libertad de
los ciudadanos, en su desprecio al derecho de defensa de la gente cuando se siente
agraviada.
El columnista de Búsqueda tiene el tupé de evocar las 57 clausuras de diarios que yo
personalmente sufrí en la década de los 60, o cuando dejaba espacios en blanco en
los diarios que dirigía enfrentando a la censura o cuando ubicaba en los artículos
censurados el perrito bulldog gruñendo del diario Extra, atentados de un despotismo
en alza que incluso desacataba al Parlamento, comparándolos por su injusticia con la
obligación de un medio de prensa de insertar la opinión de un ciudadano que se
siente agraviado. Inserción que no puede contener ofensas y que debe ser ubicada en
el mismo lugar del artículo o nota que presuntamente lo agravió.
Es el mundo al revés. Los medios que están para servir a la sociedad impiden que
ésta pueda expresar su opinión cuando se siente ofendida en algunos de sus
miembros. Es la negación ética y filosófica de lo que debe ser un medio de prensa.
¡Y pensar que se dicen profesores de periodismo! Debemos reconocer, sin
embargo, coherencia al órgano semanal de la derecha uruguaya. No creen en los
derechos del pueblo. Y no dudan en proclamarlo.
APU, aliada de Búsqueda y de la SIP deserta de los principios que la hicieron nacer
y por los cuales lucharon en defensa de la sociedad tantas generaciones de
periodistas
3) Gremial de los periodistas. Asociación de la Prensa Uruguaya (APU).
Más náusea produce la posición de quienes, como la gremial de los periodistas
(APU), negando sus luchas de décadas por la libertad de la sociedad frente a la
tiranía de los medios, se entrega al adversario histórico, lo defiende y se convierte en
el sello legitimador del atropello.
Así, señala en un comunicado público sobre el tema del derecho de respuesta “que la
aplicación de este criterio se aproxima a los mecanismos de tutela sobre el trabajo de
los periodistas que se ejercieron durante la última dictadura”.
Ya nada nos asombra de esta gremial de derecha, dirigida por el renegado Manuel
Méndez, el mismo que el director de Caras y Caretas, Alberto Grille, calificara de
“personaje inepto y haragán, que ha finteado cientos de despidos en la prensa sin
una sola medida de lucha”.
Es la misma gremial que se opone a los paros generales del PIT-CNT por entender
que los periodistas pierden objetividad si toman partido en las luchas sociales.
Esta gremial, aliada del semanario Búsqueda, a quien nunca le reprochó ni los
despidos, ni los seguros de paro de esa publicación, ni su ausencia de organización
sindical interna que avaló con su silencio las calumnias contra la vida privada de dos
mujeres ejemplares, proferidas por un periodismo canalla permitido por APU, acaba
de emitir un comunicado defendiendo a Zona Urbana de Canal 10, adhiriendo a las
posiciones de esos comunicadores que se negaban al derecho de respuesta del
médico aludido.
No defiendo la conducta de ese médico. No me consta si ejerció o no un acto
reprobable. Hizo bien Zona Urbana en difundir las pruebas que dijo poseer. Y si se
confirma su ilícito seré el primero en aplaudir la investigación de los periodistas,
más allá de entender que la cámara oculta debe ser un recurso extremo, la última
ratio para apelar a la verdad. Su abuso vuelve desconfiables a los que desde hace 45
años ejercemos esta generosa profesión.
Pero hace mal APU, traicionando sus principios libertarios, negándole a este
ciudadano, aun culpable, el ejercicio de un derecho por el cual todos los que fuimos
dirigentes de APU en el pasado, luchamos con todas nuestras fuerzas por su
implantación.
¿Qué dirían los dirigentes fundacionales, Carlos Borche, Ruben Acasuso, si se
levantaran de sus tumbas para ver la caricatura reaccionaria en que han convertido a
su querido sindicato? ¿Qué dirá desde Suecia, otro de los dirigentes esenciales de la
APU, Gutemberg Charquero, intransigente siempre en la defensa de las libertades de
la gente, derecho superior al de la propiedad de los medios?
¿Qué diría la Federación Latinoamericana de Periodistas (Felap) de la que fui su
secretario de Cultura durante muchos años, y de la cual APU forma parte, si se
enterara que este sindicato uruguayo deserta de uno de los principios fundacionales
de la Federación?
La Felap que agrupa a todos los gremios de periodistas del continente
latinoamericano ha defendido con uñas y dientes el derecho de respuesta contra la
SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), organización de los propietarios de
medios de comunicación, de la cual me honré en renunciar.
Hoy la APU es el principal aliado de la SIP en Uruguay, cuyo máximo representante
es el director del semanario Búsqueda.
Conocer la entraña de esta alianza explica la protección que APU ejerce sobre los
empresarios de Búsqueda.
Pero insistimos, Búsqueda es la derecha y hace bien en resistirse al derecho de
respuesta que es una conquista de la izquierda.
El periodismo carroña también hace bien en oponerse a un derecho conquistado por
una sociedad que sólo le sirve a ese periodismo como materia prima de una
comunicación sin escrúpulos y sin decencia.
Pero APU no tiene ni razón, ni derecho para hacerlo.
APU en su deserción ha adherido al simpático discurso liberal que asimila la libertad
de expresión de la sociedad con la libertad de poseer medios de comunicación
¿No se da cuenta APU que está siendo utilizada por los enemigos del pueblo
uruguayo que confunden deliberadamente libertad de expresión con libertad de
difusión?
¿O acaso APU en su deserción ha adherido al simpático discurso liberal que asimila
la libertad de expresión de la sociedad con la libertad de poseer medios de
comunicación? Simpático discurso que confunde deliberadamente la difusión
colectiva de las ideas con la libertad de difusión del medio de prensa.
Como así también confunden la libertad de información con la libertad del
informador y la libertad de prensa con la libertad de empresa.
¿Quién los autorizó a enterrar los principios fundacionales de los periodistas u
ruguayos, privilegiando la libertad de empresa por sobre la libertad de prensa?
Porque no otra cosa es vituperar el derecho de respuesta, ese sí parte de la libertad
de prensa, para proteger la estructura privada de los medios de comunicación, es
decir libertad de empresa, que se niega a que los ciudadanos puedan comunicar su
pensamiento, ni aún con orden del juez, al que denigran y llaman a desacatar.
¿No está acaso entre los postulados de la APU, la participación ciudadana en los
mensajes, en las ideas, en las noticias?
¿No sabe acaso que lo que los medios monopólicos denominan participación del
informado es sólo el acto voluntario de recibir y aceptar el producto elaborado, la
participación de decir sí o no a comprar el diario o a apagar el televisor o la radio o
cambiar de programa?
La gran mayoría de la población continúa hoy privada, por distintos caminos, de lo
que le es originario: el derecho a participar de modo directo y sin tutelas en la
actividad política por excelencia, que es comunicarse con sus conciudadanos. Los
medios de comunicación se vuelven cada vez más, estructuras técnicas sofisticadas
que requieren de inversiones importantes y de una organización empresarial
moderna. Es cada vez más difícil que cualquier ciudadano pueda hacer uso de estos
medios para ejercer su libertad, y precisamente, su libertad de expresión sólo tiene
sentido y realidad en la medida en que efectivamente comunica su pensamiento a los
demás, no en el mero acto de gritarlo en la soledad de su casa. Esa libertad no puede
ser un absurdo monólogo interior, un virtual ejercicio onanista sino un auténtico
intercambio social. Y en este sentido, el derecho a dar y recibir información no
puede jamás formularse como contradictorio con el ejercicio de la libertad de
expresión, sino por el contrario, como su defensa.
¿O acaso no sabe APU quién manda en la información? El antagonismo se expresa
entre el sentido social de la información y su mercantilización privada
La real contradicción se presenta cuando el ejercicio de la libertad se combina con
intereses económicos particulares, nacidos de la rentabilidad que para algunos ofrece
el hecho de vender en el mercado aquello de lo que los demás carecen.
El antagonismo se expresa entre el sentido social de la información y su
mercantilización privada.
La APU no puede desconocer esta realidad. Sus bases fundacionales parten de esta
premisa, hoy hecha añicos por la dirección que desde años orienta sus alianzas a
contrapelo de su historia.
¿O acaso no sabe la APU quién manda en la información?
De los tres actores involucrados, sociedad, Estado y medios de comunicación, el
poder se encuentra en la estructura privada de la información. Ni el Estado, ni
mucho menos la sociedad, participan en grado relevante en las parcelas de ese poder
apropiado por los medios.
Los medios hegemónicos y monopólicos han impuesto un modelo librado a la fuerza
de los intereses particulares, centrado en el difusor, ajeno al ciudadano y férreamente
dispuesto a defender el privilegio de un albedrío especialmente libre para el lucro,
que impone por sobre la rentabilidad social del mensaje el incremento incesante de
la tasa de rentabilidad económica a través del control absoluto del mercado.
Los medios han incumplido su misión de intermediarios naturales en la
comunicación entre Estado y Sociedad. Y no lo han cumplido entre otras cosas
porque nadie se los ha exigido, ni el Estado, ni la Sociedad desinformada en sus
derechos, ni mucho menos la APU. Y no lo han cumplido porque además se han
considerado por derecho propio, titulares exclusivos y excluyentes del derecho a la
información sin dar cuenta a nadie, ni a la Sociedad ni al Estado de las tareas propias
de su función que consideran derivadas de un singular derecho de expresión y no
delegadas de un derecho fundamental cuyo titular es la sociedad en su conjunto.
APU comete un acto de autodestrucción optando por la complacencia de un grupo
indiscutiblemente minoritario, sacrificando la complacencia de todo el resto de su
base social
Y tan mandan en ese campo que se han negado con inteligencia y soberbia a que se
legisle sobre la materia. “No hay mejor ley de prensa que la que no existe”,
proclama la SIP y el director del semanario Búsqueda, y la APU, para no ser menos,
repite como un eco indigno la proclama que instaura la dictadura de los medios por
sobre los derechos de la sociedad.
Se oponen no sólo a cómo legislar sino a legislar, cualquiera fuera su contenido. Se
legisla sobre el sistema comercial, sobre el sistema industrial, sobre el sistema
educacional, pero cuando se trata de legislar con equidad y respeto sobre uno de los
bienes sociales más valiosos en una sociedad que es la información, la resistencia a
que la gente posea el más mínimo derecho a participar, es intransigente. La APU
sabe quién manda en la información y en lugar de defender la voz de la gente,
permitiéndole por lo menos el derecho de respuesta, comete un acto de
autodestrucción optando por la complacencia de un grupo indiscutiblemente
minoritario, sacrificando la complacencia de todo el resto de su base social.
O acaso ignora también la diferencia entre “libertad de …” y “libertad para …”.
La democracia formal se detiene en el cómo de su ejercicio mientras que la
democracia real apunta hacia el quién la ejerce. Y en materia de democracia
informativa estamos en la prehistoria del liberalismo. También el “cómo” le ha sido
confiscado a la sociedad y hay que empezar a recuperar el “cómo” para después
recuperar el “quién”.
Reaccionamos con vigor ante este intento de esta triple alianza contra un derecho
ciudadano indiscutido como es el derecho de respuesta, porque creemos que los
derechos fueron conquistados por los pueblos para ser ejercidos y un derecho que no
puede ser ejercido no existe como tal.
Y si no paramos a esta nueva derecha, legitimada por la APU, estos derechos
ganados a través de décadas de luchas no podrán ser ejercidos.
Ante el desacato propuesto por Búsqueda y avalado por el periodismo canalla y la
APU, levantamos la decisión de apoyar la legalidad y defender con todo nuestro
vigor los derechos de los habitantes de este país, entre ellos el amenazado derecho
de respuesta, vigente en toda América Latina.
¿Por qué un director propietario de medios de comunicación defiende radicalmente
derechos ajenos que limitan su accionar e incluso cuestiona la legitimidad de la
propiedad privada ilimitada de los órganos de prensa?
Muchos se preguntarán por qué un director propietario de medios de comunicación
defiende radicalmente derechos ajenos que limitan su accionar e incluso va más allá
cuestionando la legitimidad de la propiedad privada ilimitada de los órganos de
prensa.
La pregunta fue respondida el 3 de mayo de 1988 cuando fundé el diario LA
REPUBLICA y me comprometí en el editorial inaugural a privilegiar la supremacía
de la sociedad sobre los medios y el Estado.
En el triángulo de la comunicación formado por el Estado, los medios y la sociedad,
es ésta y sólo ésta la razón de ser de la existencia de los medios. Y los medios y el
Estado en el área de la comunicación deben ceder ante los derechos originarios de la
sociedad.
Es la misma idea que sostuve en la década del 60 cuando dirigía aquellos añorados
diarios de masas que conmovieron los cimientos del autoritarismo naciente: Extra,
De Frente, Democracia, Ya, El Eco. Y es la misma idea que desarrollé en el exilio
mexicano cuando presenté a esa sociedad un proyecto de democratización de prensa,
radio y televisión que la Unesco calificó como “el mayor intento de democratizar la
comunicación social en América Latina”.
En este tema no cederemos. El derecho de respuesta no puede ser objeto de
propiedad privada. No le pertenece a los medios. Le pertenece a los consumidores, a
las audiencias, a la sociedad toda.
Fuimos desde que nacimos en 1988 el único diario que bregó por el derecho de
respuesta.
Y sufrimos en silencio los abusos de una jueza que finalmente fue separada del
cargo y que nos obligó a repetir 5 veces la respuesta legítima de un ciudadano,
lesionando con sus excesos y su irracionalidad este derecho que tanto defendemos.
Pero esa magistratura fue una excepción porque los jueces uruguayos han aplicado
con corrección este derecho esencial en una democracia que hoy estos medios y la
APU le niegan a las audiencias.
Nos parece un sarcasmo sacrílego que en nombre de la libertad de empresa se
impida ejercer la libertad de respuesta de la gente.
Es una muestra más de la corrupción del sentido común que exhiben medios y
dirigentes extraviados. *