Habían pasado ya las cuatro de la madrugada del jueves, pero un puñado de periodistas y
gráficos de esta casa seguía aguardando. Lo habían hecho durante largas horas, pendientes
de las resoluciones que debía adoptar la Cámara de Diputados en una sesión secreta.
Pero no era una vigilia como otra.
Siete meses atrás, LA REPUBLICA había informado en su primera plana sobre una serie de
irregularidades en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Con riguroso esfuerzo
profesional, sus páginas expusieron los hechos. Con documentos, con declaraciones. Los
hechos estaban allí, implacables, irrefutables.
Hace siete meses, la suerte de nuestro diario era difícil. Los colegas silenciaron el tema. Otros
se sumaron a las voces que criticaron nuestra conducta. Eramos viles, falsos, mentíamos a
sabiendas. Esta casa soportó injurias y fue llevada a juicio por el diputado León Morelli,
principal actor de los hechos. En aquellos tiempos el desenlace final resultaba incierto. Muchos
se revolvían contra el medio que, fiel a su compromiso con la sociedad, revelaba
acontecimientos traumáticos. Se «cortaron relaciones» con el diario, se nos negaron
informaciones, se esperaba nuestra humillación y nuestro descrédito. Pocos, muy pocos
legisladores y hombres públicos tuvieron el coraje de asumir el tema en aquellas
circunstancias. Lentamente, por procesos fortuitos o deliberados, el tema fue tomando
encarnadura en la sociedad civil y en la sociedad política. Era un capítulo, quizás el primero,
relativo a ese libro de corrupciones, desviaciones de poder, cohechos e indignidades al que
recién comenzamos a leer.
LA REPUBLICA tuvo que hacerlo. Su empeñosa búsqueda de un país transparente, abierto al
ciudadano común, es tanto su vocación como razón de existencia. Y así llegamos a la
madrugada del jueves 21 de setiembre. Los diputados tras una extenuante sesión adoptaron
una decisión histórica. En un doble sentido: por lo que señala hacia el porvenir y por lo que
revela hacia el pasado. Abre un camino de esperanzas para los que queremos vivir en un país
de honestidades y verdades. Y señala por primera vez en más de treinta años, que hay todavía
madera y fibra en nuestra clase política. Los representantes del pueblo resolvieron remitir a la
Justicia los antecedentes relativos a las actuaciones de la CTM, expresando que «en la gestión
de asuntos públicos no es correcto que se actúe con los criterios que orientan los
emprendimientos privados, basados ellos en el beneficio personal». Sabia distinción. No se
asumen las funciones públicas para obtener, sino para dar y quien no tenga esa virtud
republicana, mejor que no abrace las causas colectivas. En este país en que se comenzaban a
borrar las fronteras entre lo público y lo privado, entre la ética de la función pública y la ética de
los negocios privados, expresarlo desde la Institución que representa la soberanía nacional es
magnífico. También votaron una cláusula dirigida concretamente a una persona, a uno de sus
pares, también ungido por el pueblo para que estuviera a su servicio.
Que dice así: «Se condenan los hechos en que participó el señor representante León Morelli,
por considerar que su conducta no se ajustó a las exigencias que imponen el ejercicio de la
función pública». LA REPUBLICA sostuvo lo mismo. Y por ello fue sometido a juicio en sede
penal, acusada de difamar e injuriar al señor León Morelli. ¿Lo difaman y lo injurian sus propios
pares? ¿Someterá a juicio a todos los diputados que votaron esta declaración? ¿Mienten y
mienten todos ellos a sabiendas, como en algún momento dijo el señor León Morelli de LA
REPUBLICA.
Mark Twain, el periodista, decía que un diario «no es sólo para informar de la noticia escueta,
sino para indignar tanto al lector para que trate de remediar algo». Esa capacidad de
indignación es la más primaria reacción moral que nuestro Uruguay necesita. Contra la actitud
de prescindencia o esa cansada decisión de dejar que todo ocurra y todo pase. Indignarse es
seguir moralmente vivos, es negarse a que nos arrastre el río de inmundicias que socava las
instituciones republicanas y democráticas. Es cierto: LA REPUBLICA también informa acerca
de hechos que indignan. Y lo hace en función del sagrado derecho del público a la información,
sin la cual resulta estéril y falso cualquier contralor democrático del poder. Hacen falta
instituciones que sostengan el discurso moral. Las relaciones de dominación, la existencia
misma del poder -aún democráticamente generado- tiende a socavar las bases de una ética
general. Hay consideraciones éticas que se aplican al desvalido, al hombre común -como las
hay también en la Justicia, especialmente penal- y hay consideraciones éticas reservadas sólo
para los que participan del poder.
No hay democracia sin igualdad ética e incluso sin que se aplique una mayor severidad a
quienes tienen en sus manos el destino de la cosa pública.
El 7 de marzo de este año, iniciamos un camino: publicamos por primera vez el «caso Morelli».
Ayer, 21 de setiembre, la Cámara de Diputados inició un camino: el de la transparencia. En el
que tiene mucho por andar. Lamentamos profundamente que las circunstancias impliquen a
una persona en particular y a su núcleo de allegados. Nada privado ni personal tenemos contra
el señor Morelli. Los insultos que nos infirió cuando publicamos la noticia ya los hemos
perdonado. El error que cometió es de índole humana y por lo tanto comprensible, expiable y
reparable. Más aún, apostamos a que el señor Morelli, en esta hora difícil de su vida, posea la
grandeza y el valor de los que saben reconocer sus propios errores. No nos complace el dolor
ajeno, sino la alegría pública. Y es desde ese espacio de lo público al que estas
consideraciones se refieren. De lo personal, cada uno es su juez.