“Por qué publiqué la información del presunto Comando Lavalleja”
En los últimos días me ha tocado vivir una nueva peripecia profesional y humana que me ha llevado a recorrer juzgados, ministerios y callejuelas de Montevideo, enfrentando el desafío ético de siempre: callar y preservar mi tranquilidad personal, o cumplir con el juramento de toda mi vida, entrar en riesgo y difundir lo que tengo en mis manos después de haberlo sometido a la prueba posible de la verosimilitud, aportada por fuentes ajenas a toda sospecha pero que también puede equivocarse.
La odisea comenzó hace dos meses, cuando personalmente incursioné en una investigación
periodística que apuntaba a aproximarse al esclarecimiento de atentados aún no develados a Cores y Zeinal, producidos en las horas siguientes a los atentados al estudio del doctor Sanguinetti y al puente de Minas.
Sobre el resultado de esas investigaciones nada puedo informar ya que están protegidas por el secreto presumarial de la justicia y porque entiendo que culminaron en un fracaso determinado por el dolo de algunas fuentes y la falta de responsabilidad de otras que contradijeron sus expertos antecedentes.
Solo decir al respecto que me movió la búsqueda de la verdad y el ánimo de colaborar con la justicia porque, en ese caso, no me obligaba el secreto profesional. Antepuse en la oportunidad el afán del ciudadano al afán del periodista. Si la opinión pública no fue informada por LA REPÚBLICA de los avatares de la semana última que ocuparon todo mi tiempo, fue porque ningún resultado fue dable noticiar, prueba ello que no me anima un espíritu que califica la comunicación como el único bien supremo a utilizar en defensa de la comunidad. No es el único, pero tampoco menos valioso.
Caso distinto es el que acaba de producirse en las últimas horas, vinculado a mis contactos con un presunto Comando Lavalleja. Desde el primer instante se me planteo la reserva profesional más rigurosa y solo me cabían dos posibilidades: o aceptarla y someterme a ella o rechazarla y escamotearle a la opinión pública la posibilidad de conocer lo que pensaba una porción minoritaria de la sociedad que se había automarginado del orden legal existente.
Y prevaleció el periodista comprometido, más que con la “noticia”, con el derecho de la sociedad a romper el secreto, a terminar con el misterio, a saber, por lo menos como se definen, quienes son y que piensan.
Adopté la única norma que se me podía exigir para saber si existía alguna posibilidad de que los autores del contacto fueran realmente quienes decían ser. Y en medio de la premura y el
nerviosismo de la situación se me ocurrió exigirles la prueba de la identificación del explosivo
utilizado, hecho este desconocido por quien no hubiera participado en el operativo. En poco tiempo se me aportaron las pruebas exigidas y en poco tiempo más se me afirmó en una fuente oficial altamente confiable la verosimilitud de la información. Que más se puede pedir a un editor. En cualquier parte del mundo se publican comunicados de organizaciones ilegales con mucho menos precaución que la que tuvimos. Retuve la noticia 48 horas sin darla a conocer hasta que nació la convicción de indicios reales. Pedí y obtuve contraseñas para los tres contactos verificando en todos los casos que las contraseñas respondieron a lo pactado, probando constituir una sola unidad.
Notifiqué por cortesía a los poderes públicos antes de su publicación. Y al publicarla, advertí en varias oportunidades a la opinión pública, que solo podía asegurar que los contactos existieron y que lo que se editaba correspondía fielmente a lo que me habían dicho. Empero no podía afirmar que el presunto comando fuera el mismo que había detonado los cuatro explosivos, aunque así lo afirmaron. A nadie se engañó. Nada se inventó. Y una vez más ingresamos en el territorio del riesgo en defensa del derecho de la sociedad a estar informada. Sabiendo que solo una sociedad informada podrá protegerse y generar los anticuerpos necesarios para no volver a caer en el abismo.
Tengo la conciencia tranquila. Pero no tengo el ánimo exultante. El premio que recibí por mi
conducta fue la ruindad de muchos seres que jamás se comprometen con nada, que pusieron en duda tanto la veracidad de los contactos, como mi respeto indeclinable al Poder Judicial si me acogía al secreto profesional, llegando incluso a sugerir unos que buscaba desacreditar a las Fuerzas Armadas al indicar que el Comando Lavalleja estaba integrado por elementos de sus filas, mientras otros en contraindicaría y tragicómica imputación sugerían que alentaba en mi ser apologías golpistas.
De todo tuve que escuchar estos días siniestros.
¿Cómo alguien ha podido pensar, siquiera por un momento, que pude inventar tamaña
información? ¿Y cómo también alguien ha podido pensar que me movieron simpatías golpistas?
¿No bastaron 35 años de periodismo comprometido raigalmente con la democracia, la real, pero también formal, que me valieron incluso en 1972 el elogio público de todos los sectores
parlamentarios en pleno recinto por mi conducta en defensa de las instituciones amenazadas por el complot que involucraba al ex tupamaro Héctor Amodio Pérez? ¿Tampoco bastaron las decenas de clausuras a diarios valientes, por mi dirigidos, que se enfrentaron al despotismo naciente, ni las prisiones injustas, ni la confiscación ni el destierro mientras duro la pesadilla motinera?
¿No basta acaso, en el presente, la conducta del diario plural, comprometido hasta los tuétanos en la fronda de un periodismo verdad, sin transacciones, en guerra con el secreto, afónico de tanto gritar y bregar por inyectarle savia a una democracia aún sin los vigores de antaño?
Se informa por todos los medios que deberé comparecer ante la justicia penal para elevar los
entretelones de mis contactos y se me exige concurrir al Parlamento con el mismo fin.
No era necesario armar tanto alboroto para asegurar mi concurrencia antes ambos poderes. Al Poder Judicial le consta que siempre acaté sus decisiones soberanas. La última semana fue el primero en ser informado de mis avatares y pesquisas. Es el segundo de los poderes en mi prelación de preferencias. El primero es el poder social, el soberano de los soberanos, del cual dependen todos los poderes, y al cual me debo, y al cual rindo culto todos los días al mantenerlo informado. El segundo es el Poder Judicial tan injustamente denostado y desprotegido en los últimos tiempos que debe ejercer su función en las condiciones más adversas. El tercero es el Poder Legislativo, celoso guardián de la democracia y tribuna de la sociedad desprotegida. El cuarto es el Poder Ejecutivo hoy recuperado al autoritarismo que lo usurpó. Y en ese orden informé sobre acontecimientos de la semana pasada que no estaban sujetos al secreto profesional.
De todos modos, que quede claro.
Entristecido por comprobar una vez más que se presumen conductas indignas en gestos que son de compromiso civil hasta las últimas consecuencias, asevero que acudiré a todos los emplazamientos que se me formulen sobre los últimos acontecimientos de notoriedad. Sin mengua de mis derechos.