La gama de reacciones recibidas con motivo de la negativa de los canales a difundir publicidad
contratada por la Asociación de Bancarios y de Serpaj, han ido desde la resignación, –“nada se
puede hacer mientras no se cambie el sistema dominante ya que los ampara el intocable derecho
a la propiedad privada”– pasando por la acusación de ingenuidad –“Y que querías, que además
pasen mensajes contra ellos mismos?”– hasta la duda: “tienen derecho a rechazar los avisos: son
los dueños y la ley los protege» Parecía más fácil “pagarle al forzudo del circo» que convencer a
la gente sobre el origen,la vigebcia y la calidad de sus derechos sobre las ondas hertzianas.
Estos comentarios privados, provenientes en su mayoría de sectores enrolados en el cambio social
–incluso algunos abogados no dudaron en afirmar que se carecía de derecho para reclamar– obligan
a insistir en la tarea de horadar el granito sobre el que se asienta el gigantesco equívoco de marras:
si un ciudadano desea comunicar su pensamiento por televisión le quedan dos opciones: o compra
el canal con la venia del Ejecutivo, o se somete a la buena o mala voluntad del permisionario de la
onda.
La tarea de abrir los ojos de las mayorías receptoras, que aún consideran a los canales, amigos que
gratuitamente mitigan sus horas de ocio y frustraciones con entretenimiento, brindándoles
información «neutral» sobre los acontecimientos del mundo en que habitan, no es tarea sencilla.
El problema sigue siendo el mismo de siempre: no nos damos cuenta. Así como los individuos no se
dan cuenta de su participación inconsciente en la reproducción de la dominación, sin percibir que se
trata de su participación en su propia explotación; como alguna vez los obreros tampoco
reconocieron en la mercancía su propia fuerza de trabajo que la hizo posible.
Para comenzar a desentrañar esta falsa conciencia, reductora de la realidad que inserta en los
individuos la visión inversa de lo que sucede, nada más adecuado que probar que la sociedad no
sólo posee la razón sino que también le asiste el derecho, aunque carezca de la fuerza que poseen
los medios. Veamos, por tanto, el derecho que asiste a todos los habitantes del país. Uruguay aprobó
el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos sancionado por la Asamblea
General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, que dice: «Todo individuo tiene derecho a la
libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas sin limitaciones
de fronteras, por cualquier medio de expresión».
Como se verá, se consagra no sólo el derecho a recibir informaciones sino también el derecho a
difundirlas por cualquier medio.
Estas disposiciones fueron complementadas por el «Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y
Políticos» que estableció «deberes y responsabilidades especiales» a la libertad de opinión y de
expresión. Uruguay aprobó el Pacto mediante la ley 13.751, del 11 de julio de 1969, siendo una de
las 35 naciones que depositaron en la Secretaría General de la ONU los documentos de ratificación
y accesión que permitieron la entrada en vigencia del convenio internacional.
Similar disposición, además, tiene rango constitucional en nuestro país. En efecto, el artículo 29 de
la Constitución declara que es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos
por palabras, escritos privados o publicados por la prensa, o cualquier otra forma de divulgación. La
Carta Magna acoge de esta manera el derecho a que nos comuniquemos, también por la televisión.
Y para completar el escenario jurídico, el artículo 10 de la ley 15.672, ratificado por el segundo acto
legal del gobierno constitucional del doctor Sanguinetti mediante la ley 15.738 del 2 de marzo de
1985, declara que es enteramente libre en toda materia la expresión y comunicación de pensamiento
y opiniones y la difusión de informaciones, mediante la palabra el escrito o la imagen, por cualquier
medio de comunicación.
Esta norma distingue dos derechos: el de difusión (de los canales) y el de comunicación (de los
ciudadanos).
Por otra parte, la ausencia de una reglamentación clara de este derecho sustantivo de los individuos
y de la sociedad no puede servir de excusa para su ejercicio. El artículo 332 de nuestra Constitución
es claro al respecto: «Los preceptos de la presente Constitución
BRECHA Año II-Nº 55 -Montevideo, 7 de noviembre de 1986
1986 11 07
Ante el veto sobre radio-televisión (1)
Sanguinetti enfrenta a su propio partido
Durante los últimos 15 meses, el Parlamento y el Poder Ejecutivo consumieron energías y midieron
fuerzas en torno a falsos dilemas sobre quién debía asumir la responsabilidad gubernamental en el
área de la radio-televisión. La pugna Antel versus Defensa, que la dictadura resolvió
expeditivamente a favor del Ministerio de Defensa Nacional precisamente en 1984, cuando el navío
militarista hacía agua por todos lados y el régimen pugnaba por dejar minas de alto poder
estratégicamente ubicadas, esta vez tomaba cuerpo en otro falso dilema: Antel versus Ministerio del
Interior.
«Cuando se estaban liando los bártulos…»
La historia data de hace nada menos que 58 años. En 1928 la radiodifusión pasó a depender del
Ministerio de Instrucción Pública, ubicándose después en la órbita del Ministerio de Obras Públicas
y posteriormente, hasta el golpe de Estado de Terra, el Ministerio de Comunicaciones, oportunidad
en la cual esta área tan sensible y vinculada al poder ideológico se trasladó a la Inspección General
del Ejército. El Ministerio de Defensa la controló hasta 1967, cuando cedió la responsabilidad al
Ministerio de Transporte, Comunicaciones y Turismo.
Llega el golpe del 73 y al año siguiente los militares pergeñan Antel, a la que le otorgan, con
inmensos poderes, el control de la radio-televisión, que es cerrada a cal y canto a toda expresión
plural. Cuando el pueblo les probó en las inolvidables jornadas del 80 y del 82 que el arte de
mandar no es precisamente el arte de gobernar, procedieron a enterrar en «los jardines de la
Cancillería en ruinas», parte del botín que algún día intentarían recuperar. Y así fue como en
1984, a espaldas de la ciudadanía, en una sesión ignominiosa donde el Consejo de los «notables»
se prestó una vez más a cumplir su rol de medio-tontos (bien decía Goethe que los tontos y los
sabios no hacen daño, pero medio tontos son peligrosos), se aprobó sin discusión alguna,
suprimiéndose incluso la lectura del articulado, el pase de toda el área televisiva al Ministerio de
Defensa, donde esperaban reagrupar fuerzas y sentirse representados. Lo explicó luego en el Senado
Gonzalo Aguirre: «cuando se estaban liando los bártulos quisieron quedarse con un reducto
que no les correspondía».
Para superar esta triquiñuela de último momento, todas las fuerzas políticas unieron voluntades y
aprobaron por unanimidad, el 20 de mayo del año pasado en la Comisión de Educación y Cultura
del Senado, un proyecto de ley que devolvía a Antel las responsabilidades confiscadas por Defensa
Nacional. El proyecto contó también con los votos de los dos integrantes del Partido Colorado en la
Comisión: Traversoni y Hierro Gambardella. Presidía la Comisión el senador Posadas y
completaban la misma Gonzalo Aguirre y Araújo. Diez días después comenzó la discusión en el
Senado y el país fue testigo de una rara unanimidad. Todos los legisladores estaban de acuerdo en
que la dictadura había decidido el pase a Defensa como forma de construir «un enclave de
seguridad basado en la doctrina de la seguridad nacional» y que había que devolverle a Antel
sus facultades en virtud de posibilitar las «garantías inherentes al manejo civil y compartido
políticamente de la cuestión». Se defendía a Antel porque es un servicio descentralizado donde
están representados oficialismo y oposición. Finalmente, el 12 de junio de 1985, el Senado aprobó
el proyecto por unanimidad.
Sanguinetti desconfía de Antel
A partir de allí comenzó el dislate. El proyecto pasó a la Comisión de Defensa Nacional de
Diputados, integrada por los legisladores Porras, Sica Blanco y Gestido. Una nueva moda irrumpía
en el país: la «vetocracia». Y Sanguinetti se preparaba para un nuevo veto. Esta vez contra su
propio partido. Contra todos los senadores colorados que votaron el proyecto.
Como primera medida, envió a la Comisión a su ministro del Interior de la época, Carlos Manini
Ríos, acompañado del Subsecretario, doctor Baroffio, y al Ministro interino de Defensa, doctor
Robaina Ansó. Estos sorprendieron a la Comisión atacando a Antel. Manini llegó a decir en la
Comisión: «Antel apoyó esto también sin meditarlo. Si a Antel le preguntan si se queda con
ILPE también responde afirmativamente. Esto pasó sin un estudio reflexivo». Agregando por
su parte el Ministro interino de Defensa: «Antel, un enorme organismo que se ha vuelto difícil,
va a concurrir a un congreso sobre telecomunicaciones en Ginebra, acerca del cual el
Ejecutivo ignora todo. El Ejecutivo tiene la personalidad internacional del país; el espectro
radiotelegráfico forma parte de la soberanía, y lo tiene Antel en Ginebra, mientras en
Montevideo estamos esperando a ver qué dicen los telegramas de UPI. Eso es absurdo».
Sanguinetti desconfiaba de Antel y quería depositar en Manini el control político de la radio-
televisión. Le parecía que el Ministerio político por excelencia debía tomar el paquete. La Comisión
no fue convencida y aprobó, el 16 de setiembre de 1985, con salvedades del diputado Oscar
Gestido, el proyecto tal cual venía del Senado. La respuesta fue instrumentar la «operación
dilación». Tuvieron que pasar casi 12 meses para que Diputados pudiera considerar el proyecto. El
2 de setiembre de este año la Cámara de Representantes inició el debate, esta vez dividida. La
bancada colorada dirigida por Rijo y Forteza opuso resistencia al proyecto en franca discrepancia
con sus correligionarios del Senado. Apoyaban claramente al Ministerio del Interior frente a Antel.
Cantón llegó a amenazar con el veto. La Cámara no se arredró y al día siguiente blancos,
frenteamplistas y cívicos derrotaron el intento de despojar a Antel en beneficio del Ministerio del
Interior.
El veto no se hizo esperar más que dos semanas. Todo el área radiotelevisiva sigue en manos del
Ministerio de Defensa.
Federico Fasano
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BRECHA Año II -Nº 56. Montevideo, 14 de noviembre de 1986 – Edición de 32
1986 11 14
5585
Ante el veto sobre radio-televisión (II)
Antel versus Interior: un falso dilema
El veto de Sanguinetti al proyecto que otorga a Antel la responsabilidad de todo el sector de la
radiodifusión implica la pérdida de más de «un año de deliberaciones políticas. Un retroceso en toda
la línea. La unanimidad tan largamente conseguida en el Senado se desmoronó ante la marcha atrás
del Presidente. ¿Imprevisión? ¿Irresponsabilidad? No lo creemos. En esta área tan sensible, las
intenciones del hábil estratega que probó ser Sanguinetti apuntan hacia otro blanco.
Creemos que hay un sólido cangrejo escondido bajo la piedra del proyecto sobre radio – televisión
presentado por el Poder Ejecutivo en Diputados.
Capacidad social o capacidad estatal
¿El veto podrá ser levantado? Tal posibilidad sólo tendría lugar si se repiten los votos en el Senado
y Diputados, donde todos los senadores colorados defendieron los fueros de Antel. No parece
posible en la coyuntura. Iniciamos estas notas afirmando la existencia de falsos dilemas.
Sostenemos tal aserto al fin de las mismas. El problema no es Antel o Interior o Defensa. El
problema es a qué juega el Estado en este conflicto en el que participan tres actores claramente
delineados: el propio Estado, los poderosos medios de comunicación y la sociedad inerme de la que
nadie se acuerda.
Esta vez el Estado jugó a fortalecer su rol, pero no precisamente en defensa de la sociedad. Muy
críticos hacia la televisión privada fueron nuestros análisis de ediciones anteriores sobre la
omnipotencia de los medios frente a la impotencia de la sociedad. Pero ello no quiere decir que
aboguemos por un modelo estatista de comunicación, que la experiencia ha demostrado que tiende a
empobrecer los procesos de democratización real. No confundimos capacidad social de comunicar
con capacidad estatal.
Desconfiamos de un Estado que se autoerige en sinónimo de Poder Ejecutivo, olvida sus
obligaciones originarias para con la sociedad, pacta cuotas de influencia con los medios privados e
intenta ejercer el peor de los paternalismos velando por la manipulación de hechos y conciencias en
beneficio de su situación de poder.
No defendemos el modelo estatal frente al modelo mercantil. Apoyamos un modelo social de
comunicación donde el Estado, los medios privados y los sectores sociales posean los mismos
derechos y obligaciones, sin exclusión de clase alguna. Y en esta oportunidad el Poder Ejecutivo
volvió a equivocarse. Presentó un proyecto que por una parte resolvía a favor de los medios
privados su pugna con la sociedad y por la otra fortalecía al Poder Ejecutivo frente a esa misma
sociedad que carece de representación política en el Ministerio del Interior y sí la posee en Antel.
Educación: un Ministerio más sensible…
Pero también se equivocó en la solución administrativa del problema. Ante las cuatro funciones que
el Estado debe desarrollar en el área de la radiotelevisión –1) Políticas de comunicación; 2)
supervisión técnica; 3) control de policía administrativa que le exigen los convenios internacionales;
y 4) relaciones con los organismos mundiales de frecuencias– Sanguinetti optó por pasar todo al
Ministerio controlador por excelencia. Optó por verticalizar y centralizar. Podía haber optado, como
ocurre en algunos países, por descentralizar, horizontalizar y en definitiva democratizar el control,
otorgando cada una de estas cuatro funciones a los ministerios y servicios que le correspondan. A
Educación y Cultura la formulación de políticas, a Antel la supervisión técnica, a Interior el control
de policía administrativa y a la Cancillería las relaciones con los organismos internacionales. O
quizás, la solución más admitida en los procesos de democratización de las comunicaciones, y por
la cual me inclino pese a que los sectores más progresistas del Parlamento no la sugirieron, dividir
funciones técnicas por un lado y políticas por otro, encargando a Antel las primeras y a Educación
todas las demás. Bien puede Educación y Cultura representar al Poder Ejecutivo en este tema en el
exterior como lo hace en multitud de temáticas.
Y, por otra parte, la función de policía administrativa a que está obligado el Estado por convenios
internacionales –no nos referimos a la función dictatorial y anticonstitucional– es tan limitada, poco
ejercida, con escasos antecedentes en la práctica del país, que también puede ejercerla el ministerio
cultural. Por otra parte, quién puede negar la incidencia de la comunicación radiotelevisiva en la
cultura y en la instrucción masiva de la gente, en todos los niveles. Por otra parte fue la sabia y
añeja solución de los legisladores liberales de 1928, desacatadas después por las sucesivas
administraciones que privilegiaron a Defensa desplazando al Ministerio de Instrucción Pública.
Comunicación es poder pero es precisamente poder como productor de ideología y patrones
culturales. No tenemos duda de que es el de Cultura el ministerio más adecuado para pilotear el
proceso de democratización de la radio y la televisión. Aunque, como siempre, todo dependerá de
quién administre ese sector. El problema no es el Estado sino quién es el dueño del Estado. Pero la
estructura del Ministerio de Cultura está más sensibilizada y preparada para abordar esta temática
social y resolverla pluralmente, que las estructuras verticales de Interior y Defensa.
La oportunidad de enmendar el error se presentará ahora, cuando la Asamblea General considere el
levantamiento del veto al proyecto comentado.
Federico Fasano