El brusco viraje político en las relaciones exteriores de Estados Unidos, con el ascenso del
republicano Ronald Reagan y el avance de las ideas fuerza del «fascismo benévolo», ya comienza a
advertirse en las comarcas de nuestra América, la pobre.
Si hubo sectores que se alegraron con el triunfo del «elefante republicano», esos sectores fueron
los gobiernos autocráticos que someten las dos terceras partes de América Latina y esos sectores
no fueron defraudados por los porfiados hechos, más allá de las lógicas contradicciones que
impregnan el tejido del poder estadounidense. El belicoso secretario de estado, Alexander Haig, va
logrando, lenta pero inexorablemente, la redefinición de la vacilante política imperial de derechos
humanos, obteniendo la «contra natura» diferenciación entre regímenes autoritarios y regímenes
totalitarios. O dicho de otra manera, entre amigos de Estados Unidos y enemigos de la mayor
«democracia» del mundo occidental.
Los «autoritarios» serían amigos ofuscados contra el totalitarismo, a quienes «se les fue la mano en
la represión contra los totalitarios». Los segundos alientan un modelo de vida, donde la propiedad
privada – al parecer paradigma de todas las libertades – no constituye el eje central de la vida
humana.
La figura clave de esta represión ideológica, sin precedentes desde las lejanas épocas del big stick,
parece ser la sesentona oriunda de Oklahoma, doctora en ciencias políticas de la Universidad de
Columbia e investigadora residente del polémico American Enterprise Institute for Public Policy
Research, actual embajadora republicana ante las Naciones Unidas previa traición al Partido
Demócrata del cual fué afiliada toda su vida, única mujer en puestos claves del actual elenco
belicista estadounidense, Jeane Kirkpatrick. La misma que declaró proscriptos de su vocabulario
por falta de «claridad conceptual» los conceptos «norte-sur» – ¡Atención cumbre de Cancún! – y el
de «no alineados» y la mala palabra universal del vocablo «tercer mundo».
La doctora Kirkpatrick, cuyo único mérito parece ser su sinceridad, no ha dudado en afirmar que
«la política estadounidense debe ser reestructurada de manera que suprima el énfasis de la
administración Carter en cuanto a derechos humanos y otras tonterías intelectuales». La dupla
Haig-Kirkpatrick ha obtenido con éxito el primer round del combate, para desgracia de nuestras
expoliadas y sometidas mayorías. Desde el mismo momento en que las tiranías del continente
intuyeron la derrota del granjero de Georgia, ya no guardaron las apariencias impuestas por su
política de derechos humanos, que aunque táctica y carente de principios, bien que ayudaron al
aislamiento internacional de nuestras dictaduras.
La intuición del ascenso de Reagan fué el santo y seña de una ofensiva regresiva a lo ancho y a lo
largo de nuestras patrias. Los Pinochet, los Napoleón Duarte, los Baby Doc, supieron interpretar
los nuevos vientos que soplarían en el continente. La Junta genocida democristiana de El Salvador
intensificó sus acciones militares para producir un fait accopli que recibiera a Reagan en el Salón
Oval de la Casa Blanca, mientras en Guatemala, a partir de Reagan se multiplica geométricamente
la tasa de asesinatos políticos de la extrema derecha, y en Haiti, Baby Doc pone fin a su
experimento de liberación encarcelando a todos los dirigentes de izquierda, mientras las costas de
Miami se pueblan de centenares de «náufragos de la libertad».
En Uruguay, donde como bien dice Contextos, seguro es que los militares no hubieran organizado,
de haber previsto a tiempo el triunfo de Reagan, el prebiscito que tan ruidosamente les explotó en
el rostro, los nuevos centuriones se aprestan a elegir un nuevo presidente, despreciando la
consulta popular y el resultado plebiscitario, contando con el consentimiento cómplice de la actual
administración republicana.
Chile, que desde 1976 había sido marginado por Estados Unidos en el plano económico y de ayuda
militar, luego del asesinato de Orlando Letelier, ha sido invitado por Reagan a participar de las
maniobras navales conjuntas organizadas por el Departamento de Estado, levantándose
simultaneamente la prohibición de efectuar un préstamo que el Export Import Bank había
otorgado al gobierno de Pinochet y que Carter se negó a otorgar. Estas actitudes amistosas han
fortalecido la política interna de la dictadura chilena, que aprovecha la coyuntura para crear
nuevos instrumentos represivos, tales como la resolución de entregar recompensa a todo aquel
que denuncie a las autoridades las actividades de la opocisión. Fomentar la delación mediante el
dinero es, sin duda, uno de los peldaños más bajos de la degradación de un sistema político.
No muy diferente es la situación con Argentina. El Departamento de Estado acaba de afirmar que
Argentina es «una sociedad relativamente abierta, comparada con otros países», y que no piensan
ni deplorar ni denunciar en público las violaciones de los derechos humanos, tal como ocurría con
la administración anterior, pese a la detención de varios defensores de los derechos humanos,
entre ellos un científico y varios abogados, además de seis empresarios opositores y de numerosos
dirigentes sindicales.
Y la situación parece ser de un retorno incierto, al punto que tanto el New York Times como el
Washington Post denuncian con fuerza inusitada la contradicción entre la presunta política
antiterrorista de Reagan y el apoyo que está brindando a regímenes que han basado su
estabilidad, precisamente, en el terror masivo.