El nuevo estatuto de la inversión extranjera que, según todas las indicaciones, se apresta a aprobar el
gobierno conservador de Belaúnde Terry, confirma su tendencia hacia una apertura total que podría
convertir al Perú en un nuevo «El Dorado» de los inversionistas extranjeros.
El hecho de que esta nueva política esté en franca contradicción con la Declaración 24 del Pacto Andino,
no parece preocupar demasiado a las autoridades peruanas. Para empezar el gobierno proyecta abolir el
límite del 20% a la repatriación anual de utilidades. Las autoridades alegan que el Pacto prevee esta
abolición, previa información de la Junta y que, desde un punto de vista realista, nadie invertiría en la
industria manufacturera cuando los bancos americanos ofrecen un 20% de interés y sin riesgo alguno.
Otra «razón» que puede ahora esgrimir el equipo belaundista es que, ya que se eximió de este límite a
los sectores minero y petrolero, no hacerlo con la industria equivaldría a una odiosa discriminación.
El Pacto Andino establece que toda empresa extranjera debe probar, en un plazo de 15 años, que no
menos del 51% de las acciones se encuentran en manos nacionales. Esta regulación será aplicada
solamente a aquellas empresas que deseen beneficiarse de los programas andinos de reducción
tarifaria. De este modo, – se esfuerzan en explicar los voceros oficiales -, los escasos recursos locales, en
lugar de ser aplicados a la toma del control de las industrias con capital extranjero mediante la
adquisición de acciones, serán destinados, preferentemente, a crear nuevas empresas.
REDUCCIÓN IMPOSITIVA
Los impuestos, naturalmente, serán reducidos a lo que Roberto Dañino, Presidente de la Comisión
Supervisora de Inversiones Extranjeras (CO- NITE, Instituto Peruano de Economía), define como «nivel
internacional». La imposición sobre los dividendos ya había sido rebajada del 40% al 30% y la de los
royalties del 54% al 25%. En cuanto a los impuestos sobre intereses abonados en el exterior han sido
eliminados en el mejor de los casos y en el peor limitados a un 10%.
Con el fin de que todos estos incentivos a la inversión extranjera no sean neutralizados por las
legislaciones tributarias de los países de orígen, Perú inició negociaciones con los países europeos a fin
de establecer acuerdos sobre doble imposición.
Para tranquilizar más aún al capital foráneo, en caso de desacuerdos, las disputas serán resueltas por el
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADRI), entidad patrocinada por
el propio Banco Mundial. La resolución equivale a reconocer un derecho extraterritorial a las
corporaciones extranjeras y, en ese sentido, se opone frontalmente a la letra de la Constitución. Pese a
violarla en su esencia, el gobierno prefiere no enterrar abiertamente la política proteccionista
consagrada en la Decisión 24 y es así como el responsable de la CO- NITE anuncia que serán retenidos
«los elementos mas valiosos de la política anterior», particularmente en lo que se refiere a la
autorización previa y la utilización de fuentes locales de financiamiento.
ACUERDO MILITAR
El gobierno, además, habría obtenido el acuerdo de los militares por intermedio del Consejo Nacional de
Defensa, para celebrar lesivos contratos petroleros con transnacionales norteamericanas. Dicho Consejo
es una entidad de carácter político, presidida por el propio Belaúnde, y en ella se hallan representados,
además de los jefes de las tres armas, una serie de jerarcas de la administración civil. La objeción a
dichos contratos, sin embargo, emanó, hace poco, del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas,
organismo puramente técnico-militar.
No solo los militares criticaron los acuerdos petroleros: partidos políticos de izquierda, el APRA, las
principales centrales sindicales, revistas y un diario progresista demostraron que tales convenios son
lesivos al interés nacional. Pero el gobierno de Belaúnde, fervoroso partidario de las políticas de la Casa
Blanca, parece más dispuesto a complacer a sus amigos de Washington que a los mandos políticos,
sindicales y militares de su propio país.
La actual política económica peruana responde plenamente a los intereses de los núcleos financieros
mas agresivos: supresión de subsidios, privatización de empresas, apertura – gracias a la reducción
arancelaria – del mercado de importación, aumento de intereses bancarios (más del 50%), devaluación
del Sol (más del 80% con respecto a la época del nacionalista General Velasco). Los exportadores reciben
magnos subsidios y los grandes propietarios mineros ven disminuír sus tributos fiscales. Se privilegia a
las transnacionales petroleras liberándolas casi totalmente de impuestos hasta el año 2000.
Para imponer semejante política antinacional, Belaúnde, se ha hecho otorgar facultades especiales del
Congreso que le permiten ejercer, mediante decretos-leyes, lo que los peruanos llaman una verdadera
«dictadura civil». Los resultados no se hicieron esperar: la enorme alza de los alimentos y una inflasión
imparable se abaten sobre la sociedad civil.
INESTABILIDAD SOCIAL
Cuando todavía no se cumplió un año desde que Belaúnde Terry asumió el gobierno, el clima político y
social amenaza un proceso democrático reiniciado tras 12 años de régimen militar. Se produjeron en
ese período alrededor de setecientos atentados que, amén de su costo en vidas y bienes materiales, han
creado, sobre todo, una cierta inestabilidad que aparentemente no favorece a nadie.
Simultáneamente se han producido importantes movimientos huelguísticos. Aunque el descontento
popular y el estallido de numerosas bombas parecían coincidir en una ofensiva general contra el
gobierno, es preciso, para evitar confusiones, deslindar cada uno de esos procesos.
En primer lugar, hasta ahora no se conoce a ciencia cierta la identidad de los autores de los atentados ni
sus intenciones políticas. Se trataría, al parecer, de un pequeño grupo de inspiración maoísta, uno de los
tres fragmentos en que se dividió un sector que responde al curioso nombre de «Sendero Luminoso»,
surgido, a su vez, de una escisión en las filas del Partido Comunista y que habría escogido el terrorismo
como método de acción.
Hasta aquí la versión de la prensa basada en informaciones suministradas por los cuerpos políticos. Lo
que no se explica es como un núcleo tan pequeño fue capaz de perpetrar tantos atentados en tan poco
tiempo y mucho menos porque no se ha tomado la molestia de explicar las razones de esa táctica. Cada
vez que un sector de la izquierda revolucionaria ha impuesto sus métodos de acción directa, se ha
apresurado a hacer llegar su mensaje a las clases populares, las ha incitado a seguir su ejemplo y se ha
propuesto como modelo político. Al llamado «Sendero Luminoso» nada de eso parece importarle: coloca
sus bombas y guarda silencio.
LA IZQUIERDA CONDENA EL TERRORISMO
El presidente del Frente de Izquierda Unida, que agrupa practicamente a todas las organizaciones
progresistas peruanas, obteniendo 30% de los votos en las elecciones municipales de noviembre último,
condenó sin reservas el terrorismo y señaló que era el pueblo quien sufría las consecuencias de estos
actos.
La población, mientras tanto, manifiesta su descontento con movilizaciones y revueltas masivas. En
Chimbote, importante puerto pesquero, la población realizó un paro total para exigir soluciones
económicas a la crisis. En Cuzco, todos los sectores del departamento participaron en una huelga
general. En la capital, los obreros metalúrgicos ocuparon una iglesia. En Arequipa los vecinos tomaron
como rehenes a un juez y varios policías para protestar contra los abusos de las autoridades locales.
Actos como estos se multiplicaron en todo el país y fueron apoyados por el Frente, cuyo líder, Alfonso
Barrantes, afirmó que había llegado la hora de la movilización masiva y que la Izquierda Unida lucharía
junto al pueblo.
Es clara la dicotomía entre las acciones directas y las movilizaciones populares. Se trata, en el primer
caso, de provocaciones aisladas y en el otro de una franca actitud de rebelión ante la injusticia.
Los actos terroristas solo aparentemente no benefician a nadie. Hay sectores que logran sustanciosos
réditos políticos. Cuando el Primer Ministro Ulloa coloca en un mismo saco bombas y «huelgas políticas»
para declarar la guerra al terrorismo y a la delincuencia, está aprovechando las armas que le brindan los
anónimos militantes del «Sendero Luminoso». Cuando detiene como sospechosos de terroristas a
miembros de la izquierda opositora y trata de involucrarlos en acciones que éstos han repudiado, está
utilizando las herramientas que graciosamente le ofrecen los autores de los atentados.
Las propias Fuerzas Armadas se declararon dispuestas a intervenir, si el Presidente lo solicita, para
acabar con el terrorismo y ya sabemos cuales serían los resultados: sindicatos allanados, detención de
dirigentes populares, prohibición de huelgas, represión generalizada…
Una impresión se generaliza entre los sectores populares peruanos: los grupos terroristas no serían
ajenos a los aparatos ultraderechistas del ejército que intentan crear un clima general de
desestabilización a fin de justificar una intervención militar en el terreno político.
El Frente de Izquierda Unida, entidad opositora de gran envergadura, representativa de un tercio del
electorado, sería la fuerza política más perjudicada si llegaran a materializarse los planes de la derecha
peruana.
Atentados indiscriminados y movilizaciones de masas se inscriben en el Perú de hoy, en campos
antagónicos. Mientras aquellos responden a intereses que observan con preocupación creciente la
unidad de las fuerzas de izquierda, éstas son el producto natural de legítimas reivindicaciones que el
gobierno de Belaúnde Terry ha resuelto postergar.