Prefiero morir hablando a mi manera, que hablar a la vuestra y vivir. La dificultad no
está en evitar la muerte sino en evitar la indignidad (Sócrates).
Hace precisamente cinco años, el 20 de mayo, dos ejemplares del exilio uruguayo,
dirigentes de primera línea en la sociedad civil de ese país, recibían el tiro de gracia en una
dependencia militar del gobierno argentino,el mismo que les había brindado refugio político,
en uno de los actos más infamantes que recuerde la historia del derecho de asilo en la
región.
El secuestro de Héctor Gutiérrez Ruiz, presidente de la Cámara de Diputados de Uruguay,
fue concretado dos días antes, el 18 de mayo, por un comando fuertemente armado, ante la
mirada atónita de las custodias de las embajadas de Francia, Rumania, Israel y Brasil,
ubicadas a escasos metros de la residencia del secuestrado, en Buenos Aires. Los guardias
que trataron de intervenir se retiraron luego ante la exhibición de las credenciales oficiales
de los asaltantes.
El secuestro de Zelmar Michelini, senador uruguayo y ex Ministro de Industrias, se produjo
sólo dos horas después en el hotel Liberty de la capital argentina, ubicado en la calle
Corrientes esquina Florida, que para México es como decir Reforma e Insurgentes, en la
misma manzana de la embajada estadunidense frente a Entel, una de las dependencias
mejor custodiadas del centro bonaerense, con centinelas armados con ametralladoras que
observaron sin intervenir el secuestro protagonizado por decenas de sus compañeros,
quienes ocuparon militarmente el hotel, intimidaron a huéspedes y personal de servicio y se
llevaron con impunidad y lujo de violencia al dirigente opositor uruguayo.
Las seccionales policiacas se negaron a recibir la denuncia de secuestro y el gobierno de
Videla, ante la impresionante repercusión mundial que pedía por la vida de los dos
secuestrados, negó toda participación oficial en el delito.
Finalmente, el 22 de mayo, el gobierno argentino, en un comunicado oficial, anunció que
fueron encontrados sin vida en el interior de la cajuela de un coche los cuerpos de Zelmar
Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, junto a los de Rosario Barredo y Willy Withelaw, dos
militantes de la izquierda antidictatorial, informando con cinismo asombroso que estos
habían sido ejecutados, nada más ni nada menos, que por la guerrilla izquierdista, en un
intento de eludir responsabilidades ante el pueblo uruguayo, que conoce bien los nombres
de los asesinos y sus cómplices.
Bordaberry y los altos mandos uruguayos dieron la orden magnicida y Videla la autorizó, a
costa de la vida de los que confiaron en su palabra de asilo.
Estamos empeñados en la tarea de reconstruir paso a paso el delito que desgarró como
pocas veces a un pueblo. Al mismo pueblo que transformó el sepelio de los mártires en un
acto contra el despotismo sin precedentes, enfrentando esa ocasión a la tropa que al galope
y sable en mano, saltando por entre las tumbas, invadió el Cementerio Central uruguayo
para dispersar a una multitud herida y desconsolada, que no podrá jamás olvidar el crimen
contra sus mejores hombres.
La implacable memoria colectiva nos insta a reconstruir estos hechos y hoy estoy en
condiciones de aportar un nuevo elemento para desentrañar la madeja de complicidades
delictivas tejidas con la vida y la sangre de nuestros héroes.
Existe un acta secreta en poder del almirante Massera donde consta el pedido de las
fuerzas armadas uruguayas de ejecutar a los dirigentes secuestrados. El acta establece
además que el general Jorge Rafael Videla y el brigadier Rolando P. Agosti, integrantes del
triunvirato militar argentino, junto con el almirante Emilio Massera, votaron a favor de la
sentencia de muerte uruguaya, alegando que no podían negarse en virtud de acuerdos
preexistentes y «favores» mutuos acordados. En el acta consta la posición de Massera,
negándose a que fueran asesinados en territorio argentino y proponiendo su entrega directa
a los sicarios de la dictadura uruguaya. Massera, militar también comprometido en el
genocidio contra el pueblo argentino, buscó, quizás con mayor inteligencia que sus pares,
cambiar la entidad de su delito, pasando de autor material del crimen, a cómplice contumaz,
al entregar inermes a sus verdugos, a refugiados políticos a los que había concedido
amparo.
La información fue proporcionada a personas de reconocida credibilidad por el propio
almirante Massera en octubre de 1978 en su oficina de la calle Cerrito. Poseemos los
nombres de los asistentes a la reunión en la oficina del almirante, el día en que pretendió
desahogar su conciencia.