Dieciocho naciones integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU acaban
de demoler con sus votos en el 37° período de sesiones celebrado en Ginebra, las
crecientes expectativas de la dictadura uruguaya.
El gobierno pretoriano de ese pequeño enclave sureño ocupado militarmente por 25 altos
oficiales de sus Fuerzas Armadas y un reducido puñado de cómplices civiles dispuestos a
domesticar al país entero pretendía intentar, por quinta vez consecutiva, ser retirado del
humillante banquillo de los acusados instalados en el seno de las Naciones Unidas.
Desde 1977 el tema de las violaciones de los derechos humanos en Uruguay figura en el
orden del día de los periodos anuales de sesiones pese a las protestas y chantajes de los
nuevos mandarines uruguayos.
Esta vez, acudieron a Ginebra convencidos de lograr sus propósitos. Contaban con una
carta de triunfo indiscutible. El apoyo de la flamante administración Reagan que les había
asegurado, que esta vez sí, lo sacarían de tan incómoda situación.
En las cuatro sesiones anteriores había sido precisamente la administración Carter,
conjuntamente con la delegación cubana, quienes con mayor énfasis habían propuesto
resoluciones en defensa de los derechos humanos conculcados en Uruguay.
Confiaban y con razón, en la decisiva influencia sobre el Presidente Reagan, de la Dra.
Jeane Kirkpatrick, abanderada de la reacción thermidoriana en América Latina. La misma
señora que declaró públicamente y sin rubor que «la política norteamericana debe ser
reestructurada de manera que suprima el énfasis de la Administración Carter en cuanto a
derechos humanos, y otras tonterías intelectuales».
La dictadura obtuvo dos victorias pírricas, previstas por la opción, en virtud de los
reglamentos internos de la Comisión.
La primera fue la confidencialidad del tratamiento. A puertas cerradas y en sesión secreta
como todos los que temen al juicio público de los pueblos.
La postura nada democrática del silencio y el secreto no impidió, sin embargo, que
pudiéramos obtener los detalles de la sesión, cuáles habían sido los países que votaron la
moción, los que se abstuvieron y el texto íntegro de la polémica declaración, y que hoy
ponemos en conocimiento de la opinión pública mexicana.
La segunda «victoria» fue vetar la propuesta de la Federación Internacional de Derechos del
Hombre, la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, la Comisión Internacional de
Juristas, y el Centro por la Independencia de los Magistrados y Juristas, entidades que
pugnaron por crear un grupo especial de trabajo para realizar un estudio profundo del caso
uruguayo, a cargo de varios expertos que debían estar expresamente autorizados a visitar el
país.
Ante esta propuesta, la delegación uruguaya, al igual que en años anteriores, se amparó en
disposiciones reglamentarias de la Comisión que impiden la aprobación de algunas de estas
medidas sin el consentimiento del gobierno involucrado.
De esta manera impidió la investigación y mantuvo la confidencialidad del tema.
No pudo impedir, sin embargo, que continúe en el orden del día la violación de los derechos
humanos en Uruguay, ni la humillación de tener que recibir al representante especial del
Secretario General del organismo, para realizar los descargos pertinentes, ni el anuncio de
que el Secretario General podía buscar informaciones sobre las violaciones denunciadas, en
fuentes distintas al gobierno uruguayo.
La delegación norteamericana apoyó a la dictadura en el curso de todas las deliberaciones
y, finalmente, se negó a acompañar con su voto la declaración aprobada.
Votaron en contra del gobierno uruguayo: Australia, Cuba, Dinamarca, Etiopía, Francia,
Ghana, Grecia, Irak, Jordania, México, Países Bajos, Polonia, República Federal de
Alemania, Reino Unido, Siria, Uganda, Yugoslavia y Zambia. Hubo abstenciones pero
ningún voto en contra de la declaración. Es de destacar una vez más las conductas
insobornables de México y Cuba en defensa de los pueblos oprimidos del continente.
Los militares uruguayos alegaron contra la moción, sosteniendo que el resultado negativo
plebiscitario de noviembre último probaba la existencia de amplias libertades democráticas
en el país.
El pobre honor de ser la primera dictadura en el mundo que pierde un plebiscito y se ve
obligada a reconocer su derrota (no precisamente por magnanimidad, sino por causas
mucho más complejas que ya hemos analizado en diversas publicaciones; ver Le Monde
diplomatique, diciembre 1980, «El cortocircuito del diagrama militar uruguayo») no fue
aceptado como prueba por los 18 países, que no sólo descartaron la malintencionada
significación, sino que declararon en la resolución final, que a través de ese plebiscito «se ha
producido una clara expresión de la voluntad popular en contra de las limitaciones
impuestas a los derechos individuales y colectivos».
Por considerarlo de interés para la opinión pública mexicana y con la finalidad expresa de
romper el secreto y el silencio que la dictadura uruguaya impuso en el seno de la ONU en
torno a este tema infamante, reproducimos el texto confidencial de la declaración aprobada.
Más allá del lenguaje de compromiso adoptado, este texto, aprobado por 18 naciones pese
a las protestas de la administración Reagan y de los militares uruguayos, pasa de pleno
derecho a integrar el prontuario internacional de una de las dictaduras que más se ha
destacado por la sistemática destrucción de su país.
He aquí el texto de la declaración: «La Comisión de Derechos Humanos,
«Habiendo examinado la situación relativa a los derechos humanos en Uruguay, que le ha
sido presentada conforme a la resolución 1503 del Consejo Económico y Social (ECOSOC),
con inclusión, en particular, del informe del Secretario General sobre los contactos directos
que le habían sido encomendados en virtud de la decisión adoptada por la Comisión en su
1671a. sesión privada, el 6 de marzo de 1980, durante su 36o. período de sesiones;
Tomando con reconocimiento, de que el gobierno del Uruguay continúa dispuesto a
cooperar con el Secretario General en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido
por la decisión mencionada, como se pone de manifiesto por su voluntad de recibir al
representante especial del Secretario General en Uruguay y por su pronta respuesta al
cuestionario que le ha sido dirigido a este respecto y confiando en la continua cooperación
de gobierno del Uruguay; Teniendo en cuenta que desde el pasado 36o. periodo de
sesiones de la Comisión en el Uruguay, a través de un plebiscito se ha producido una clara
expresión de la voluntad popular en contra de las limitaciones impuestas a los derechos
individuales y colectivos;
l°- Recuerda que en la decisión que se adoptó en la 1571° sesión privada, el 6 de marzo de
1980, se pedía al Secretario General, entre otras cosas, que preparase un informe completo
sobre la situación de Iris derechos humanos en el Uruguay y que hiciera las
recomendaciones que estimara pertinentes con miras a promover nuevas mejoras de la
situación.
2°- Considera que el informe del Secretario General sobre los contactos directos, a la luz del
mandato que le había sido conferido por la Comisión en su periodo anterior podría haber
sido más amplio, a fin de facilitar la tarea de la Comisión.
3°- Insta al Secretario General a que continúe el cumplimiento del mandato, teniendo en
cuenta para ello las informaciones que le brinde el gobierno y otras fuentes pertinentes, con
miras a terminar su informe antes del 380. periodo de sesiones de la Comisión.
4°- Decide continuar examinando en su próximo período de sesiones la situación de los
derechos humanos en el Uruguay.
5°- Pide al Secretario General que comunique esta decisión al Gobierno del Uruguay.»