Escasos días restan para que el pueblo uruguayo pueda volver a ensayar el
sufragio universal, cancelado abruptamente por las fuerzas armadas el 27 de
junio de 1973, al quedar sepultados 83 años de una democracia burguesa
nacida en 1890, cuando el general Máximo Tajes le entregara la banda
presidencial al civil Julio Herrera y Obes. En esta oportunidad el pueblo
uruguayo es convocado por los 25 generales, no para que elijan a sus legítimos
representantes sino para que se pronuncien por una nueva Constitución que
consagrará formalmente a las Fuerzas Armadas como «el árbitro supremo de la
nación», estableciendo por ley fundamental la tutela orgánica castrense sobre el
aparato estatal, la supremacía del Poder Ejecutivo mediante la virtual
desaparición de la pluralidad de poderes, la transformación de la judicatura
militar de excepción en judicatura paralela permanente y el establecimiento
inédito del control político de la actividad pública mediante la creación del
denominado «Tribunal Constitucional». Un plebiscito sin partidos políticos ni
organizaciones sindicales autorizadas, sin propaganda electoral permitida, con
las cárceles plenas de ciudadanos dignos, con la quinta parte del país en el
exilio.
Tal convocatoria representa la primera etapa del denominado «cronograma»
castrense de institucionalización del Uruguay militar. El proceso, una vez
aprobado el plebiscito, deberá culminar con la elección de un presidente
elegido sin contienda —no se permite más que un solo candidato— por el
cuerpo de generales, brigadieres y almirantes a propuesta de aquellas
mediaciones políticas que no hayan sido —al decir de un brigadier—
«infectadas por el virus marxista».
El objetivo estratégico del cronograma tiende a recomponer los órganos de
hegemonía ideológica construyendo un consenso mínimo que les permita
captar el oxígeno necesario capaz de superar el inusitado aislamiento interno y
externo y posibilitar así una mayor atracción del capital financiero, astuto
conocedor de los peligros que entraña invertir bajo la protección de dictaduras.
Tal consenso y su correlato natural, los órganos de hegemonía ideológica,
conjuntamente con los mecanismos de legitimación política, tan útiles para la
clase dominante en el periodo anterior, estallaron en mil pedazos al abrirse el
periodo de presidentes «marionetas» instrumentados por los altos mandos de
tierra, aire y mar. La ausencia total de consenso y legitimación y el aislamiento
social sin precedentes le sirvió al régimen de facto para imponer la
concentración monopólica y terminar con la resistencia del mundo de trabajo y
del mercado interno. No le sirvió para imponer su hegemonía ideológica, la
superestructura de la hegemonía, sueño frustrado de unos pocos y malos
lectores de la historia universal. Para ello les es imprescindible recomponer el
bloque en el poder, haciéndole jugar el papel de fusible de las contradicciones
sociales.
Hoy el esquema de poder del régimen se orienta a través del «cronograma» a
consolidar aquella pretensión. El «sí» al plebiscito es la prueba de fuego a la
que se ven obligados a someterse. Pero ocurre que en política nada es
gratuito, y las instituciones inflexibles que impusieron verticalmente,
comprimieron de tal modo el libre juego y cristalizaron en una rigidez, que hoy
se ven impedidos de formular un proyecto «cosmético» más hábil e inteligente,
que les permita acumular un consenso parcial por pequeño que éste fuere. Tal
contradicción está escrita en la lógica de la rigidez que instalaron en la escena.
Y es por ello que el proyecto constitucional que elaboraron ha recibido ya el
«no» más rotundo que la historia del país tenga memoria; aún antes de ser
votado. En el exilio y en el interior del Uruguay prisionero.
Una a una las organizaciones populares se fueron pronunciando en el destierro
por el «no al plebiscito», en una rara y esperanzadora unanimidad, agorera de
convergencias futuras. El pecado de la abstención no figuró en ninguno de los
órdenes del día de las corporaciones de izquierda. Y allá en el paisito, todos a
una, también dijeron «no», sin fisuras, hasta los propios civiles que se ofrecieron
a vender el producto «cronogramático».
Los pregoneros del «sí» abandonaron apresuradamente el barco, avisando a
sus socios de uniformes que el aluvión por el «no» era incontenible. Así, lo
declaró sin rubor el ex ministro blanco, Francisco Mario Ubilios, anunciando
que a partir de ese instante pasaría a votar por «no». Los blancos digitados por
los militares dijeron «no». Los colorados en bloque también. Los cívico-
cristianos, una minúscula fracción preconciliar expulsada de la democracia
cristiana, no se animaron a dar su aval al anteproyecto. La Gallup —la misma
empresa que enterada del fraude plebiscitario chileno «acertó» sin errores los
resultados de la convocatoria de Pinochet— contratada esta vez por el
Departamento de Estado de EU, elaboró una encuesta abrumadora: sólo un
15% votaría por «sí». Un 70% pese al terror se pronunció por el «no» y el
restante 15% dijo que estaba indeciso. El «no» al plebiscito amenaza
convertirse en un ensayo general de oposición masiva al régimen que probará
el caudal de las fuerzas antidictatoriales y tensará aún más las cuerdas de la
sociedad autocrática. Las generaciones de uruguayos cuya memoria colectiva
quedará marcada por décadas ante el horror y la infamia que le tocó vivir, hoy
ponen a prueba al régimen en un virtual referéndum, cuya unanimidad en su
contra no tendrá precedentes en la historia nativa. Como dijo un alto oficial:
«nos equivocamos: en esto, cualquier gotera es un chorro incontenible…»
Hoy, quizás un poco tarde, descubren perplejos que la violencia y la coerción
que generaron les impide captar incluso a los indiferentes y a los
desilusionados, comprobando que el sentido común de las grandes mayorías
se prepara a sepultarlos bajo un «no» cuya magnitud los toma desprevenidos.
Se repite aquí el viejo dilema de los despotismos: o bien lo que conceden es
irrisorio y la pretendida transformación no sirve para nada o bien la apertura
libera la respuesta popular y deben arrepentirse de haber concedido
demasiado.
Ante tamaña reacción los militares, acostumbrados a una verticalidad que les
impide flexibilidad alguna, se enojan y amenazan mostrándose incapaces de
controlar su propia transformación. En comunicado oficial advierten que «si el
propósito nefasto de los políticos sancionados tuviera éxito y la Constitución no
resultara aprobada los políticos tendrán que asumir ante la historia la
responsabilidad de impulsar al país, quién sabe por cuánto tiempo más, por
situaciones de emergencia». Y hace una semana el máximo jerarca castrense,
teniente general Queirolo afirmó airado: «quieren cambiar el cronograma
poniéndonos condiciones y se olvidan que somos los ganadores de esta guerra
y a los ganadores no se les piden condiciones». Evidentemente, no han
aprendido nada en estos años de vesania. El consenso no se construye con
amonestaciones y amenazas. Nadie duda que hoy por hoy el frente por el «no»
es vencedor indiscutible por el número de sus filas, engrosadas día a día por la
reanimación de los lazos de representación política. Pero lo nuevo en la
situación no es sólo la cantidad, sino la calidad de la acción contra el
«cronograma». La movilización por el «no», el espíritu de ofensiva que comienza
a nuclearse en torno al plebiscito, permite afirmar que la etapa de acumulación
pasiva de fuerzas y acciones, contra la dictadura, está dejando paso a una
acumulación activa cuyos efectos se perciben hoy, extendiendo la amplitud y
robusteciendo a las mayorías marginadas. Sin embargo, el peligro de una
«victoria precoz» sin preparación adecuada, es motivo de inquietud en tiendas
populares. También lo es la posibilidad de suspensión del plebiscito mediante
el expediente de una orquestada provocación seguida de una «noche de los
cuchillos largos», o el montaje de un gigantesco fraude alentado por la
impunidad de la consulta pinochetista cuyo preámbulo ya ha sido adelantado al
anunciarse que en las elecciones de 1981 se permitirá el control de los partidos
políticos en el acto comicial, pero en el plebiscito de noviembre próximo tal
control estará vedado.
La posibilidad de una provocación capaz de suspender la consulta en las urnas
no es material de política-ficción. Hace poco el vicealmirante Márquez declaró a
la prensa que la «maquinaria de agresión al Uruguay está preparada y no
quiero ser alarmista porque desconozco su inminencia pero estoy seguro que
las cosas están preparadas».
De todas formas un nuevo periodo ha quedado abierto. Haya fraude,
suspéndase o no el plebiscito, el objetivo estratégico coyuntural de la dictadura
ha sido derrotado. Ni el consenso, ni la construcción del bloque histórico
dominante, ni la puesta en escena de los deteriorados órganos de hegemonía
ideológica han sido obtenidos en esta oportunidad. Ha comenzado ya la guerra
que no se ve; la de la desmoralización y el desgaste. La máquina comienza a
triturar a su inventor.