Siempre consideramos que el frente externo constituía uno de los ejes sobre
los cuales se construía la lucha antidictatorial. Pero también admitamos que
este frente corría riesgo de sobredimensionarse, haciéndonos perder de vista
que la política internacional no está movida precisamente por los motores de
la ética. Como bien dice Terragno, es difícil que alguien se niegue a firmar un
escrito que clama por los Derechos Humanos en un apartado rincón del
mundo, pero la historia no se hace con declaraciones de favor de los grandes
poderes, que no se sacuden por nuestras desventuras remotas, ni su misión
es esparcir la justicia sino proveer a sus propios intereses.
Estos largos años del exilio latinoamericano han dejado elocuentes ejemplos
tanto de la importancia de los pronunciamientos antidictatoriales
internacionales como de la fragilidad de ciertos apoyos, que apenas su propia
conveniencia lo aconsejan, se sientan al lado de los genocidas, votan junto
con ellos en los organismos mundiales, los reciben y agasajan en sus
capitales, y llegan hasta a venderles mortíferas armas de guerra que
aplicarán contra sus propios pueblos, como ha hecho recientemente el
gobierno austriaco después de prestar su nombre para decorar más de un
manifiesto.
Estas reflexiones son movidas por la reciente resolución sobre Uruguay
adoptada por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, en el cual 43
países resolvieron por consenso, sin llegar a producirse votación, mantener,
contra la cerrada oposición del gobierno uruguayo, el caso de ese país en la
agenda de violaciones a los derechos humanos.
Fue una nueva batalla diplomática que perdió el despotismo pese a ubicar en
Ginebra a la más nutrida delegación presente en la Comisión, integrada por
doce funcionarios encabezados por Giambruno Lacarte Muró y Grunwald.
Este nuevo tropiezo internacional del gobierno uruguayo se suma a los
sufridos ante el Comité de Libertades Sindicales de la OIT, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, el Comité de Derechos
Humanos de la ONU, el Parlamento Europeo y la Unión Interparlamentaria,
entre otros.
La decisión de mantener el tema uruguayo en la agenda, que ya lleva más de
cinco años de exposición, pese a los esfuerzos de la dictadura para que el
caso sea archivado por falta de motivos, fue acompañada nuevamente por el
acuerdo de mantener el procedimiento 1503 de tratamiento confidencial, que
obliga a una reserva absoluta tanto de las sesiones, las votaciones y los
informes, restándole tal secreto una mayor eficacia a la lucha por los
derechos humanos.
La alta confidencialidad asumida por la Comisión nos impidió, hasta el día de
hoy, conocer los pormenores de esta batalla diplomática. Finalmente, el
secreto exigido por Uruguay logró ser quebrado, trascendiendo por diferentes
fuentes que obviamente no pueden ser reveladas.
Fue así que conocimos el irresponsable informe del colombiano Rafael Rivas
Posada, representante especial del Secretario General de la ONU, fundado
en la inspección que realizó en Montevideo del 31 de enero al 6 de febrero de
este año y que sirvió de base de discusión en el seno de la Comisión.
Felizmente para los derechos humanos en esa pequeña porción del planeta,
numerosas naciones dignas, tales como Francia, Países Bajos, Dinamarca,
Cuba y Costa Rica hicieron trizas el informe del representante especial,
aportando abrumadoras pruebas de flagrantes violaciones a los derechos
humanos en ese país e impidiéndose de esa manera el retiro del caso. Pero
lo que conviene rescatar de esta anécdota son los claroscuros de los
espacios internacionales, que señalábamos al inicio de este artículo.
Todo el esfuerzo de la Comisión de la ONU por intentar restablecer los
derechos humanos flagelados en Uruguay estuvo a un paso de no servir para
nada al ser designado un funcionario colombiano insensible, que como surge
claramente del informe que dictó a los 43 países mandantes, y que tengo en
mi poder, se orientó en todo momento a justificar las limitaciones a todos los
derechos y libertades existentes en el Uruguay antes del golpe de 1973,
cuando las fuerzas armadas asaltaron las instituciones republicanas.